El ex presidente afronta su primera causa

El ex presidente peruano Alberto Fujimori respondió ayer por primera vez a un juez peruano. El vocal supremo instructor Pedro Urbina lo interrogó durante varias horas, en una sala acondicionada dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía peruana, donde el ex mandatario peruano, que gobernó entre 1990 y 2000, está recluido desde que fue extraditado de Chile, el 22 de septiembre pasado.

Fujimori respondió sobre el primero de los cargos que afrontará en Perú: usurpación de funciones públicas, por ordenar el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de su asesor Vladimiro Montesinos, en 2000. Testimonios recogidos por la fiscalía peruana aseguran que en esa ocasión, por orden de Fujimori, se retiraron de la casa de Becerra unas 40 maletas, que presuntamente contenían audios y vídeos grabados por orden de Montesinos y que podrían resultar comprometedores para el ex mandatario. En este caso, se acusa a Fujimori de haber dado una orden que sólo le compete a un fiscal, por lo que podría ser condenado a siete años de prisión. La fiscalía también ha pedido una reparación civil de 100.000 soles (unos 23.000 euros).

La audiencia de ayer fue privada y Fujimori sólo estuvo acompañado por su abogado. Se trata de un proceso sumario, que, según las normas procesales peruanas, no tiene necesidad de audiencias públicas y podría estar listo para sentencia en pocos meses, según estimaciones de la procuraduría peruana. El ex mandatario tiene que responder por otros cinco cargos, que por razones de eficiencia procesal han sido agrupados en tres megajuicios, que serán ventilados públicamente. El primero en iniciarse será el proceso por los homicidios cometidos por comandos paramilitares en una quinta de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, cometidos en 1991, y el secuestro de dos personas: el empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Rodríguez, por aquel entonces corresponsal de EL PAÍS en Perú.

Por estos casos, Fujimori podría ser condenado a 30 años de cárcel. Luego deberá responder a otros cargos por malversación de fondos, corrupción de funcionarios y por la intervención telefónica sistemática a los opositores a su régimen. La legislación penal peruana no incluye la acumulación de penas.