La Fiscalía acusa a la contrata de jardines de Málaga de malversación

La Fiscalía de Málaga acusó ayer a dos funcionarios responsables de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga y a dos representantes de las empresas contratistas del mantenimiento de las zonas verdes de malversar entre junio de 2000 y febrero de 2001 un total de 435.648 euros mediante certificaciones de obras no realizadas. El ministerio público pide para cada uno de ellos cuatro años y siete meses de prisión y ocho años de inhabilitación.

Según el relato de hechos del fiscal, Manuel Martínez, jefe de sección de Parques y Jardines y su esposa, Carmen Muñoz, jefa de obras de mantenimiento de parques, se concertaron con Antonio Amaro y Luis Sánchez, delegados de Urbaser y Sando, empresas contratistas del servicio para "obtener beneficio económico" realizando "certificaciones inveraces que eran autorizadas por los dos primeros acusados y cobradas por los segundos". El exceso económico obtenido se distribuía posteriormente entre los cuatro, según la acusación pública.

El enriquecimiento ilícito se realizaba por distintos mecanismos. El primero consistía en hacer pasar por jardines de tipo B -que requieren mayor mantenimiento y son más costosas- zonas verdes que en realidad eran de tipo A, más fáciles de cuidar y en incrementar la superficie de los jardines en la certificación. Urbaser percibió indebidamente por este método 40.567 euros y Sando, 28.317.

Otro sistema era certificar por partida doble los trabajos realizados. Urbaser, según el fiscal, recurrió en trece ocasiones a esta ilegalidad, lo que le reportó una ganancia de 27.604 euros. Los trabajos de poda, que se debían incluir en los cuidados generales de los parques, se facturaron otra vez aparte, al igual que los tratamientos de fitosanitarios. Por este último concepto, Urbaser certificó 134.255 euros y Sando 147.302 euros.

El fiscal imputa a los cuatro acusados un delito continuado de malversación de caudales públicos. Para los dos funcionarios añade un delito de libramiento de certificación falsa, por lo que les pide 19 meses de suspensión. A los dos representantes de las empresas les acusa de falsedad y reclama para cada uno 3.000 euros de multa.