El Parlamento canario quiere autorizar por ley el ruido en fiestas populares

Tras la polémica surgida alrededor de la suspensión o no de los actos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley para que en las fiestas populares locales y en las declaradas de interés nacional e internacional se suspendan los límites acústicos contemplados en la conocida como Ley del Ruido.

El texto aprobado por socialistas, populares, nacionalistas de Coalición Canaria y Grupo Mixto indica que "la Administración local correspondiente deberá determinar en cada caso el área territorial y el calendario temporal aplicable a esta suspensión, previa valoración de la incidencia acústica que se declare como admisible".

La proposición deja en manos de cada uno de los 87 ayuntamientos canarios la aprobación de la organización de eventos que invadan la vía pública o que se convoquen en recintos habilitados para esta celebración y delega en esta administración local el diseño de "las medidas correctoras a que deba sujetarse" cada acto, en particular las relativas a la seguridad ciudadana y el derecho al descanso.

Los grupos acordaron que cada ayuntamiento fije al menos "con un mes de antelación" un calendario de los festejos en los que se saltará la ley del ruido, indicando datos básicos como ubicación, recorrido y espacios públicos en los que se permitirá la participación popular.

Respecto a las demandas vecinales de ejercer su derecho al descanso (como las presentadas por el ruido en el Carnaval de Tenerife), los parlamentarios acordaron que "la corporación municipal deberá establecer las medidas precisas para evitar molestias, inseguridad y riesgos para las personas".

Felipe Campos, el abogado que defendió a las comunidades de propietarios y vecinos que acudieron a los tribunales para hacer valer su derecho al descanso, después de numerosos años de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no atendiera sus reclamaciones, indicó a este periódico que la aprobación de esta proposición de ley en el Parlamento es "un asalto anticonstitucional". "El Tribunal Supremo fijó una doctrina definitiva respecto al carnaval de Las Palmas: el derecho al descanso es absolutamente preferente a las fiestas populares, internacionales y todo eso", recuerda Campos.