Los ecologistas denuncian la gestión oscurantista

Pese a que se van a cumplir tres años desde que la incineradora de basuras de Zabalgarbi empezó a funcionar en pruebas, la planta no ha llegado a inaugurarse de forma oficial. Al principio, sus responsables demoraban la fecha de ese acto una y otra vez hasta que, a principios de 2006, cuando las instalaciones llevaban más de un año en pleno funcionamiento, se cambió el discurso: el acto inaugural se haría cuando se ponga en marcha una segunda línea de incineración.

"Con la tradición que tenemos de inaugurar cualquier pequeña obra, llama mucho la atención que con la incineradora no lo han hecho; máxime cuando es una inversión de más de 150 millones de euros y tiene dinero público", apuntan los grupos ecologistas, opuestos a la planta, que han criticado la "gestión oscurantista" de la empresa.

Zabalgarbi fue impulsada por la Diputación de Vizcaya -tuvo la participación accionarial más importante y ocupó la presidencia de la empresa durante la gestación del proyecto en los 90- y en un principio la mayoría de capital era público. Pero durante la fase de construcción hubo cambios con la entrada de socios privados y, según los últimos datos difundidos, un 43% del capital es público y un 57% privado. En la parte pública están la Diputación de Vizcaya (20%), el Ente Vasco de la Energía (10%), el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE, (8%), dependiente del Gobierno central, y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%). Por la parte privada, FCC y Sener tienen el 26% cada una y la BBK controla el 5%.

La empresa no ha aportado datos de su actividad económica. El presidente de Zabalgarbi, Juan Ignacio Unda, afirmó hace más de dos años, con motivo de la última visita realizada a la planta con la prensa, que esperaban lograr entre 42 y 48 millones de euros al año, con una tasa de rentabilidad del 8%. Esto indica, según destacó, que el objetivo principal no es el económico.

La puesta en marcha de Zabalgarbi ha sido criticada por sus detractores por considerar que es una infraestructura más destinada a producir energía que a solucionar el problema de la basura. La Diputación de Vizcaya, en el balance realizado en diciembre, señala que ha evitado que un 27% de la basura producida vaya a los vertederos.