El último minuto

Las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos del Estado para 2007 -de PP, CiU, ERC, PNV y EA- se votan hoy de forma conjunta. De aprobarse, provocarían la devolución del proyecto al Gobierno, además de una amenaza considerable a la estabilidad política de la legislatura. El Gobierno ha intentado convencer a Izquierda Unida con más dinero para el llamado gasto social, pero de momento se mantiene en la abstención. En los últimos días ha intentado atraerse al PNV (7 escaños) negociando un aumento de inversión en el País Vasco, aunque sin tocar el cupo. Y no renuncia a un acuerdo in extremis con CiU. Aunque hoy se confirme la retirada de alguna de las enmiendas, no dejan de resultar chocantes las dificultades del Ejecutivo para resolver el apoyo político a un proyecto de ley decisivo para la gestión del país. El año pasado, los Presupuestos fueron ya devueltos por el Senado.

No hay razones de peso que justifiquen el rechazo. Son unas cuentas que prestan una atención razonable al gasto social -crece el 8,4%, aunque la subida de las pensiones debería ser más elevada-, apuestan por la inversión en infraestructuras e I+D, rebajan la tributación en el IRPF y mantienen el superávit del Estado. El continuismo de muchas partidas, complementado por una preocupación inversora en infraestructuras y redes de conocimiento, no debería suscitar el rechazo político de CiU, PNV o IU. Si acaso, la tibieza presupuestaria merece recomendaciones parciales para elevar el gasto en iniciativas tan necesarias como la Ley de Dependencia o un programa más drástico y detallado de persecución del fraude fiscal. Sobre todo en el mercado inmobiliario.

Tampoco cabe achacar los problemas políticos del Presupuesto al modo de votación en el Congreso. La votación conjunta de las enmiendas en el caso de una ley como la presupuestaria tiene sentido como forma de demostrar que el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para dirigir la política del país durante el ejercicio. Pero el procedimiento obliga a votar conjuntamente a partidos muy alejados entre sí, como CiU y el PP: argumento al que el Gobierno espera que sea sensible el nacionalismo catalán.

No es recomendable dejar para el último minuto la negociación para asegurar los votos del Presupuesto, la ley que marca las prioridades de la gestión del Gobierno; el exceso de confianza implica riesgos de una devolución por razones coyunturales de la política partidista, o bien, lo que suele ser igualmente desestabilizador, tener que pagar precios desorbitados por pequeños pero imprescindibles apoyos en la votación decisiva. Al menos, debe exigirse al Gobierno que el precio de los apoyos -o de las abstenciones- se explique detalladamente en el Congreso; que sea conocido por todos.