Expertos opinan que los estafados podrán estar varios meses en el piso

Si los inmigrantes que fueron víctimas de la estafa y que viven ahora mismo en el piso de la calle de Estocolmo decidieran quedarse ahí indefinidamente, la situación podría prolongarse hasta varios meses. Este periódico contactó ayer con varios abogados especializados en Derecho Civil y conflictos de arrendamientos, y se mostraron escépticos ante la posibilidad de que alguien pueda desalojarles rápidamente.

"Es sólo un juez el que puede dar la orden de desalojo. La policía no puede hacerlo por su cuenta", dicen. Parece claro que el subarrendamiento que realizó Juan Toribio sobre la vivienda en la que vivía fue completamente ilegal. Sin embargo, los inmigrantes tampoco están "a precario" en la vivienda, puesto que todos tienen, aunque falso, un título (el contrato que firmaron con el estafador) que les ampara. De todos modos, dicen estos expertos, tiene que ser el juez quien determine la falsedad del documento.

Por lo tanto, puesto que el propietario ya ha presentado una denuncia contra Juan Toribio, próximamente empezará el proceso judicial. "Es difícil que algún juez decida habilitar el mes de agosto para un caso como este, que no parece que requiera de una actuación tan urgente", aseguran los expertos. "Algo así podría tardar varios meses en resolverse. La vía civil es más rápida, pero si en el proceso judicial se mezclan responsabilidades penales, como podría ser el caso, puede alargarse enormemente", opinan las fuentes consultadas. Los inmigrantes entraron en el domicilio con la llave que Toribio dio a una de las estafadas. Este hecho les exime de responsabilidades penales.

Respecto al contrato de la luz, si se mantiene el titular, lo que harían los inmigrantes sería simplemente cambiar las personas que paga los recibos. "Mientras se pague, eso es perfectamente válido".

Ayer por la noche, sin embargo, Unión Fenosa todavía no había dado de alta la electricidad en el domicilio y los inmigrantes se preparaban para pasar la noche a oscuras. "Mañana iremos a la Junta de San Blas para pedir consejo, nos sentimos muy desprotegidos y tenemos miedo", declaró Yaneth, una boliviana afectada.