El Gobierno vasco reclama al central negociar el segundo plan de emisiones nocivas

El Gobierno vasco pidió ayer al central que no le deje fuera de la negociación del segundo Plan de Asignación de Derechos de Emisión de gases contaminantes, que estará vigente entre los años 2008 y 2012, para evitar que sus previsiones afecten negativamente al tejido a la competitividad de las empresas de la comunidad autónoma. Las consejeras de Industria y Medio Ambiente, Ana Aguirre y Esther Larrañaga, respectivamente, explicaron que la participación de las autonomías en la elaboración del nuevo plan nacional garantizaría la aplicación del criterio de "equidad y justicia redistributiva" de los derechos, al conocer conocer con más cercanía el tejido industrial y los esfuerzos que se han hecho en cada sector. Aguirre pidió que se tenga en cuenta que el sector industrial ha reducido las emisiones un 26% desde el año de referencia de 1990, cuando el transporte ha subido las emisiones un 92% y los servicios un 72%.

En el País Vasco, las emisiones se incrementaron en 2004 en un 35% con relación a 1990, cuando el Protocolo de Kioto establece que para 2012 no se puede superar un 15% en toda España. En el conjuntodel país el incremento ha sido del 50%, el doble de las previsiones europeas para 2004. La consejera de Industria teme que sin la participación autonómica no se va a tener en cuenta que con la sustitución de centrales térmicas convencionales por centrales de generación eléctrica de ciclo combinado en Euskadi se podría conseguir una reducción anual adicional de 1,2 millones de toneladas de CO2. Con ese objetivo cumplido, el potencial de reducción de emisiones del sector eléctrico debería servir para compensarlas en el sector industrial.

Pérdida de competitividad

Para el Ejecutivo vasco, el plan presenta numerosas dudas que, si no son resueltas correctamente, pueden tener como consecuencia una pérdida de competitividad de sus empresas. Según Aguirre, los paganos de esa situación pueden ser las pequeñas y medianas empresas, al no disponer, como las multinacionales, de redes para hacer circular sus derechos de emisión. Ante esa situación, la consejera de Industria anunció la decisión del Gobierno de desarrollar distintas acciones para sensibilizar y apoyar al sector industrial. En este sentido, se ayudará a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, en el cálculo de sus emisiones y en la solicitud de los correspondientes derechos de emisión. También se facilitará el acceso de las pymes a los mecanismos de intercambio de derechos con el fin de evitar agravios comparativos con instalaciones integradas en estructuras multinacionales.

Larrañaga reiteró la firme decisión de todo el Ejecutivo de seguir trabajando por el cumplimiento del Protocolo de Kioto y hacer compatible este compromiso con la preservación de la competitividad de la economía vasca.