PSPV y EU piden financiación para la ley de formación de adultos de 1995

"El Gobierno del PP ha perdido la oportunidad histórica de desarrollar una de las leyes más avanzadas de Europa en materia de formación y cohesión social", puntualizó ayer Manolo Picó, secretario general de la federación valenciana de enseñanza de CC OO y miembro de la Mesa d'Agents Socials que hace ya 11 años promovió el diseño y la aprobación en 1995 -"sin un voto en contra"- de la primera Ley de Formación de Personas Adultas a nivel nacional y autonómico. "Este Gobierno no solo no ha cumplido ni desarrollado la ley, sino que además, la incumple sistemáticamente", resumió Pep Aparisi, portavoz de la plataforma integrada, además de por los tres sindicatos de izquierda con UGT y el STEPV, por el PSPV-PSOE y la coalición Esquerra Unida-Els Verds.

Son, por tanto, ambas fuerzas con representación parlamentaria las que defenderán en las Cortes Valencianas las tres propuestas de resolución presentadas ayer en rueda de prensa con el objetivo de "dar un impulso definitivo a una ley que", insistió Aparisi, "se anticipó a los objetivos fijados luego en la Agenda de Lisboa, relanzados en 2005 por los Gobiernos representados en el Consejo de Europa, y recogidos recientemente en el programa Educación y Formación 2010".

Las tres propuestas, según resumió, que están dispuestos "a transaccionar con el PP", se basan en tres ejes, según explicó el portavoz parlamentario de EU, Ramón Cardona. El primero consiste en "crear un Convenio General Multilateral, a manera de marco jurídico" que garantice la financiación en los próximos dos ejercicios presupuestarios, resuelva la homologación salarial del personal -cerca de un millar- dedicado a la formación de adultos bien sea en las redes locales, municipales o de la Diputación.

"Esto pasa necesariamente", detalló Aparisi, por que "el Consell acepte la coordinación y la integración de todos los programas que tienen que ver con la formación permanente o continuada de adultos que llevan a cabo las consejerías de Educación, Ocupación y Bienestar Social, con la consiguiente dispersión de fondos y recursos". En la actualidad 70.000 personas estudian en alguno de los 236 centros establecidos, aunque no todos están homologados por Educación.