Los cuatro procesados por el 'caso del amianto' se desvinculan de los controles médicos a los trabajadores

Los cuatro procesados por el caso del amianto -muerte de 8 trabajadores por inhalación de polvo de amianto y 29 enfermos graves en la fábrica Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig- han rechazado ante el tribunal que los juzga cualquier "responsabilidad" en los controles médicos a los operarios y medioambientales en la industria. La declaración de los acusados (Carmelo Blay, jefe de personal de la fábrica de Sant Vicent, José Pérez Domené, director de recursos humanos del grupo Uralita, y los médicos de empresa Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia) ha consumido las dos primeras sesiones de la vista oral que se celebra en el Juzgado de Lo Penal número 3 de Alicante.

Los directivos de la fábrica, activa entre los años 1950 y 2003, insistieron en que la competencia sobre los controles médicos a los operarios y medioambientales recaía en un departamento específico de la empresa ajeno a su competencia. Domené resaltó "la sensibilidad" de la dirección a la hora de cumplir con el protocolo para trabajadores expuestos al amianto derivado del reglamento de 1984. En este sentido, el procesado destacó que la empresa "nunca" fue sancionada por superar los niveles autorizado de fibra de amianto en suspensión en el interior de la fabrica de Sant Vicent del Raspeig. El acusado achacó a la ausencia de normativa hasta esa fecha la explosión de casos de operarios afectados por asbestosis a partir de 1992. Según el relato del fiscal, entre ese año y 1996, 22 de los 64 operarios de la plantilla sufrieron la enfermedad profesional.

Mientras, el facultativo Alberto Clemente Regidor, coordinador medico del grupo Uralita para los temas relacionados con la asbestosis, también declinó cualquier responsabilidad en los controles médicos a los operarios, que, a su juicio, era una competencia de cada uno de los médicos de empresa, "autónomos a la hora de realizar su función", precisó.

La vista oral, que se prolongará hasta el 5 de julio, prosigue hoy con la declaración de las viudas de los ocho operarios fallecidos. Los acusados, de acuerdo con la calificación inicial del ministerio público, se enfrentan a tres años de cárcel.