El Ayuntamiento desmonta el puente de la M-30 prohibido por la Confederación Hidrográfica

El Ayuntamiento de Madrid comenzó ayer a desmontar el puente levantado para las obras de la M-30 y que está situado a la altura del paseo de la Virgen del Puerto. Esta medida es consecuencia del expediente abierto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que considera ilegal esta construcción. Según ha explicado Manuel Arnaiz, director general de Infraestructuras de la Concejalía de Urbanismo, el cambio de planes provocará un retraso de dos meses en las obras de esta zona.

Los operarios comenzaron a desmantelar el puente a primera hora de la mañana de ayer. La decisión llega después del expediente abierto por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el pasado 26 de abril, por haber construido este paso sin permiso. La Confederación obliga al Ayuntamiento a derribar esta instalación y a construir otra a 500 metros de distancia. Según los planes de obra, este nuevo puente permitirá el paso de coches mientras dure la remodelación de la M-30.

La Concejalía de Urbanismo no pudo precisar cuándo acabarán las tareas de desmontaje, ya que debe ser despiezada toda la estructura, que alcanza los 32 metros. Luego debe retirarla de la zona que, a su vez, está cubierta de zanjas, grúas y camiones. Las labores de transporte se complicaron ayer debido a un corte en la calle de Amaniel, provocado por una grúa municipal que levantaba un vehículo abandonado.

Visita de los eurodiputados

Por otra parte, la Secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió ayer que los eurodiputados que viajen a Madrid para inspeccionar las obras de la M-30 lo hagan del 26 al 28 de junio. Durante la visita, los políticos analizarán la legalidad de las obras.

El calendario todavía es provisional porque ahora se debe consultar a los parlamentarios si esas fechas les vienen bien. Los grupos políticos tienen unos días para confirmar que pueden enviar a uno de sus miembros en esas fechas.

La delegación del Parlamento Europeo estará compuesta por un eurodiputado de cada uno de los tres principales grupos: Partido Popular Europeo, Partido Socialista -que ya ha designado a su delegado, el laborista irlandés Proinsias de Rossa- y Liberal. Ninguno será español para garantizar la imparcialidad.

Esta visita se produce después de la queja presentada por Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, a la que se sumaron ecologistas y vecinos, que sostienen que la obra incumple la directiva europea que obliga a realizar una declaración de impacto ambiental para proyectos de gran envergadura. IU considera que se incumplen varias leyes, "ya que no se ha tenido en cuenta los graves daños medioambientales que supone esta obra y los perjuicios que están sufriendo los vecinos de la zona".