El inspector médico en prisión propuso 1.000 casos de invalidez

El único imputado que ha ingresado en prisión como supuesto máximo responsable de la red que expedía bajas médicas y propuestas supuestamente fraudulentas, el inspector médico del SAS Francisco Castro, firmó desde 2003 en torno al millar de propuestas favorables de invalidez, según datos estadísticos aportados ayer por la Consejería de Salud que revisará todos estos expedientes. El juez Juan José Parra, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, que instruye el caso de estos informes falsos, ha dictado un auto en el que se inhibe a favor de un juzgado de Cádiz, toda vez que el principal acusado trabaja en Cádiz y hay otras dos funcionarias imputadas del SAS.

La Unidad de Valoración de Incapacidades de la provincia de Cádiz, compuesta por el inspector jefe, seis inspectores -uno de ellos el detenido- y dos subinspectores, tramitó una media de 2.500 informes favorables de incapacidades al año. De éstos, el principal acusado de la red de compraventa de pensiones de invalidez y bajas laborales fraudulentas firmó 310 cada año. Estas propuestas fueron posteriormente concedidas o negadas por una comisión provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el que están representados, entre otros organismos, la propia Tesorería de la Seguridad Social y la Consejería de Salud.

Revisión del SAS

El SAS revisará todos estos expedientes para conocer si el procedimiento fue adecuado y cuántos fueron finalmente aprobados por el INSS. Con todo, según estos porcentajes, Francisco Castro expidió un "porcentaje parecido" de informes favorables de incapacidades que el resto de sus compañeros, según el SAS. "Incluso en ocasiones estaba un punto o dos por debajo de los demás", afirmó un portavoz autorizado de la Consejería de Salud. De las 20.000 revisiones al año que efectuaba la Unidad de Valoración, cada inspector tramitaba unas 3.100. Además firmaba unos 1.400 partes de alta.

A todo esto, la Asociación Andaluza de Inspección de Servicios Sanitarios emitió ayer un comunicado en defensa de la labor "seria y rigurosa" de los 150 profesionales que desempeñan "honestamente" sus funciones en Andalucía. "Estos hechos vienen a empañar nuestro buen nombre", afirma en el escrito Luis Manuel Garrido Gámez, presidente de este colectivo, quien añadió: "Escuchar en determinados medios que ésta viene siendo una práctica habitual sitúa bajo sospecha el propio sistema y dibuja un entorno falso, que poco o nada tiene que ver con la realidad de nuestro trabajo".