Los técnicos de la Junta avalan la retirada de competencias a Marbella

Los Servicios Técnicos de la Consejería de Obras Públicas proponen en el informe sobre la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella que la Junta asuma el planeamiento para diseñar normas "coherentes" y realice los convenios durante un plazo de cinco años.

Las recomendaciones, anunciadas ayer en el Parlamento andaluz por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, están incluidas en el documento que han elaborado los Servicios Técnicos de su departamento al hilo de la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), acordada por la Junta el pasado 14 de marzo.

El trámite de retirada de competencias por "vulneración grave y reiterada" del ordenamiento jurídico y de las competencias autonómicas se encuentra aún en periodo de alegaciones de la corporación afectada.

Una vez acabe este periodo, el informe definitivo deberá ir al Consejo Consultivo de Andalucía y posteriormente tendrá que ser ratificado por el Parlamento autonómico.

La consejera concretó que en el caso de que se lleven a efecto la recomendaciones de los técnicos la asunción de esas competencias por la Junta sería por un "periodo máximo de cinco años".

Desde la entrada en vigor en diciembre pasado de la Ley del Suelo, que regula la retirada de competencias urbanísticas, el "único" informe emitido se refiere a Marbella, explicó Gutiérrez, que no detalló si se realizarán otros relativos a las localidades de Manilva o Almuñécar, como sugirieron hace meses algunos miembros del Gobierno.

"Estamos actuando en defensa de legalidad urbanística para que Marbella recupere la normalidad jurídica y favorecer su seguridad y el crecimiento económico y social", aseveró.

Jorge Ramos (PP-A) consideró que la Junta ha dispuesto desde 1986 y, especialmente, desde 1996 y con la entrada en vigor de la Ley del Suelo "suficiente" ámbito competencial como para haber intervenido, ya que -recordó- la ley de ordenación urbanística le concede la aprobación de la planes generales de los municipios y sus modificaciones.

Ignacio García (IU) alertó sobre la posibilidad de que entren en colisión los principios de la autonomía municipal y el derecho urbanístico, si bien defendió la medida, ya que consideró que, como Marbella, otros "muchos" ayuntamientos han hecho en materia urbanística de "su capa un sayo y conculcan" las normas.