El Gobierno lleva al Constitucional el impuesto medioambiental de Aragón

El Consejo de Ministros decidió ayer plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto que aprobó el Gobierno de Aragón el pasado 30 de diciembre para penalizar los efectos medioambientales de las grandes superficies de distribución, los hipermercados. Los daños se refieren a la gran concentración de coches en los alrededores de los grandes centros.

El Gobierno considera que ese impuesto no se ajusta a la Constitución y estima que las actividades comerciales de los grandes centros no generan por sí mismas daños medioambientales.

Fuentes de la Asociación nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) señalaron ayer que este impuesto de Aragón "es inconstitucional, recaudatorio, sancionador, confiscatorio y daña gravemente la competitividad de las empresas". Según esas fuentes, es inconstitucional porque el hecho imponible coincide con el IBI (la denominada contribución) y el IAE (impuesto de actidades económicas).

Según Anged, no se pueden fijar impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, ni en materia reservadas a las Corporaciones Locales. Para la patronal de grandes superficies, esta figura impositiva es discriminatoria.