El fiscal pide la inhabilitación del líder del PP de Fuerteventura

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha pedido 18 meses de inhabilitación para cargo público al presidente del PP en Fuerteventura y actualmente diputado autonómico Domingo González Arroyo. Al que fuera durante 25 años alcalde de La Oliva -segundo municipio más extenso de España, que comprende todo el norte de la isla de Fuerteventura- se le acusa de prevaricación por haber contratado y mantenido en su puesto como topógrafo municipal a José María Pérez Palma, a sabiendas de que éste carecía de la titulación académica imprescindible para ocupar el citado puesto.

Entre los años 1998 y 2003, Pérez Palma, también acusado de intrusismo profesional por el fiscal, estuvo realizando actividades propias de ingeniero técnico en Topografía sin serlo y con el conocimiento del entonces alcalde.

El supuesto topógrafo estaba casado con una de las hijas del líder del PP en Fuerteventura al ser contratado. Cuando en abril de 2004 el polémico alcalde perdió las elecciones después de su prolongado mandato, el nuevo gobierno municipal requirió a Pérez Palma para que aportara su titulación profesional, y al no hacerlo, fue despedido.

El Marqués, sobrenombre por el que se conoce a González Arroyo en toda Canarias, se enfrenta también a una acusación de cohecho por el supuesto intento de comprar el voto del concejal del municipio de Antigua, Francisco Almodóvar, quien basa su acusación en unas cintas que supuestamente recogen la intentona del presidente del PP en Fuerteventura.

Toda la isla ha podido escuchar esas cintas, ya que varios medios locales las han difundido ampliamente a pesar de estar decretado el secreto del sumario.

En 1998, González Arroyo, que entonces además de ocupar la alcaldía de La Oliva era también senador y diputado autonómico, fue investigado por el fiscal jefe de Canarias por supuestas irregularidades urbanísticas, pero el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, archivo las actuaciones.