Un censo para las obreras del sexo

La prostitución en Cataluña mueve anualmente unos 7.000 millones de euros. Y, aunque se desconoce el número exacto de mujeres que ejercen la prostitución en esta región, se asegura que de manera global en España el número de trabajadoras sexuales oscila entre las 300.000 y las 400.000, entre las que se encuentra un porcentaje muy importante de extranjeras, con predominio de las rumanas o las originarias de países latinoamericanos, según informes de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alternes.

Las cifras han sido contestadas por diferentes sectores, que aseguran que se trata de una exageración.

La ausencia de datos fiables ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona y a los responsables de la Generalitat a efectuar un censo oficioso de las trabajadoras sexuales, empezando por las que trabajan en la calle. Según todos los indicios, el censo lo estarían llevando a cabo los agentes de la policía urbana y de los Mossos de Esquadra de manera discreta, quienes, al entregar a las prostitutas callejeras una copia de la nueva ordenanza cívica, les exigirían como contrapartida su nombre completo, su nacionalidad, filiación, el número de documento nacional de identidad o pasaporte y su dirección. En algunos casos, estos datos habrían sido cotejados por los agentes.

Las asociaciones y colectivos de defensa de las prostitutas han reaccionado con indignación ante esta supuesta operación de censo y han presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, creada hace cuatro años por la Generalitat. La denuncia, presentada por una abogada del colectivo de las prostitutas, ha sido admitida a trámite.

Los portavoces de la Generalitat y del Ayuntamiento han desmentido que sus respectivos agentes estén elaborando un censo de las prostitutas en Cataluña. Responsables de las dos administraciones han reconocido sin embargo que los agentes recaban de manera sistemática el nombre y filiación de las prostitutas, con la intención de examinar si se encuentran legalmente en el país o si se trata de emigrantes ilegales, sobre las que recae una orden de expulsión automática.