El Gobierno francés propone escoger a los inmigrantes en función del interés nacional

Francia quiere escoger a sus inmigrantes y no padecerlos. El Gobierno de Dominique de Villepin aprobó ayer el proyecto de ley de inmigración -elaborado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy-, que endurece los controles para acceder a la residencia, reduce las vías para la regularización y cierra considerablemente la puerta al reagrupamiento familiar y los matrimonios mixtos, que el año pasado supusieron el 77,6% del total de los inmigrantes que entraron en Francia. "Hay que pasar de una inmigración demasiado tiempo sufrida a una inmigración elegida", dijo el primer ministro, robándole la frase a Sarkozy, su principal rival en el campo de la derecha.

Tras la reunión del Comité Interministerial de Control de la Inmigración (CIC), que integra a los titulares de 10 carteras de su Ejecutivo, Villepin ofreció una conferencia de prensa para presentar el texto legal. El Gobierno, explicó, determinará en qué sectores económicos se necesita mano de obra para admitir inmigrantes especializados. El ministro de Asuntos Sociales, Jean-Louis Borloo citó "el mantenimiento industrial, la mecánica, la hostelería y la restauración, los trabajos públicos y las enfermeras", si bien, añadió, la lista variará en función de la evolución del mercado laboral.

Sarkozy será el encargado de defender, el próximo abril en la Asamblea, los 87 artículos de un texto legal que ha nacido con polémica desde que el ministro del Interior lo anunciara a grandes rasgos antes del verano y cuyo contenido más preciso ya había adelantado él mismo en una entrevista el domingo pasado. Tanto la oposición de izquierdas como los grupos de defensa de los derechos humanos ya lo han criticado con dureza. "Vamos a tener buenos inmigrantes, que se beneficien de sus derechos, y malos inmigrantes, privados de ellos", dijo ayer el diputado socialista Faouzi Lamdaoui.

El objetivo de la ley, según el primer ministro, es "dotar a Francia de los medios necesarios para controlar su inmigración de modo que se convierta en una baza real para nuestro país". El texto, sin embargo, no incluye ni una sola vez el término cuotas, sino que utiliza el impreciso concepto de estimaciones. La puerta que se abrirá a los inmigrantes ya no estará relacionada con la reagrupación familiar o los matrimonios, sino con las necesidades del mercado laboral.

El modelo básico será el permiso de trabajo trienal renovable para los trabajadores sin cualificación. Paralelamente, en lo alto de la gama, se establece un tipo de permiso de residencia, llamado "de competencias y talentos" para profesionales e investigadores de alto nivel que contribuyan al "desarrollo de la economía francesa" o "al brillo de Francia en el mundo". Además, los estudiantes extranjeros podrán quedarse en Francia si encuentran un empleo en los seis meses siguientes de haber obtenido su diploma.

Reagrupamiento familiar

Pero si se abre la puerta a los escogidos, se cierra para los "padecidos". Conseguir traerse a un familiar será más difícil. Quien lo solicite deberá demostrar que lleva en Francia más de 18 meses -ahora es un año- y demostrar que tiene los recursos económicos para acogerlo. La ley introduce un elemento que empieza a ser corriente en Europa, el llamado Contrato de Acogida e Integración, que exige a quien pide la residencia que se comprometa a respetar los valores de la República, sus leyes, aprender la lengua y aceptar la igualdad entre hombre y mujer. Si se demuestra que ha incumplido este contrato podría perder las ayudas sociales e incluso ser expulsado.

La ley establece un control sobre los llamados matrimonios de conveniencia, una práctica común en Francia, donde se ha detectado un auténtico mercado. El extranjero que se case con un ciudadano francés deberá justificar tres años de vida en común -actualmente son dos- para obtener la residencia, y cuatro -actualmente, dos- para pedir la nacionalidad. El texto pone fin a la regla de los 10 años, el periodo de estancia en Francia por el que los inmigrantes ilegales tenían derecho a la residencia. La nueva ley establece que se decidirá en cada caso.

Según el ministro del Interior, sólo el 5% de los inmigrantes que llegan a Francia cubren necesidades laborales, mientras que en lugares como Australia o Canadá la tasa es hasta del 50%.