Los ediles de Manilva se contradicen en el juzgado sobre el caso 'Ballena Blanca'

Seis concejales del Ayuntamiento de Manilva (Málaga) declararon ayer como imputados ante el juez de Marbella Miguel Ángel Torres por el supuesto caso de corrupción urbanística vinculado con la trama de la operación Ballena Blanca por el que fue detenido en octubre el ex alcalde de la localidad Pedro Tirado, actualmente en libertad bajo fianza. Además, otro edil declaró como testigo sobre los convenios urbanísticos que afectaron a la finca La Parrada, propiedad de Royal Marbella Estates, una de las empresas vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. El primer convenio, de noviembre de 2003, consistía en el paso de suelo rústico a suelo urbanizable no programado de los 1,3 millones de metros cuadrados de La Parrada, y el segundo, de agosto de 2004, prevía aumentar su edificabilidad de 10 a 18 viviendas por hectárea. Las operaciones supusieron que el precio de la finca pasara de 12 millones de euros a los 160 que pagaron cinco promotoras a Royal Marbella Estates, cuya propiedad se atribuía a Aki Kujala, ciudadano finlandés, detenido en la operación Ballena Blanca.

La concejal de Urbanismo cuando se firmaron los convenios, Antonia Muñoz (IU), imputada en el caso, sostuvo ayer que la finca era un terreno urbanizable no programado y que lo que se hizo fue incluirlo en un expediente de cumplimiento urbanístico. Muñoz dijo que el Ayuntamiento sacó adelante un expediente "correcto" y "pulcro". Sin embargo, el ex alcalde Emilio López Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva, que acudió como testigo, declaró que "el punto tres del convenio de noviembre de 2003 especifica que ese suelo en ese momento era suelo no urbanizable común, o sea suelo rústico". El actual alcalde de Manilva, Salvador Zotano, no acudió ayer a declarar al encontrarse en Madrid para recoger un premio y ha sido citado para el viernes.