La Comisión denuncia a España por no recuperar ayudas fiscales ilegales a empresas de Euskadi

La Comisión Europea acordó ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, porque las diputaciones forales no han recuperado los incentivos fiscales a la inversión que la propia Comisión declaró ilegales en 2001. Esta decisión de Bruselas se encuentra recurrida por las diputaciones ante el Tribunal de Luxemburgo. Independientemente de la marcha de los procesos, la Comisión viene reclamando desde 1999 la lista de la empresas beneficiadas por estos incentivos destinados a empresas de nueva creación. Las instituciones vascas se han negado reiteradamente a facilitarla, y tampoco se han cuantificado las ayudas.

Estas ventajas tributarias, conocidas como vacaciones fiscales, tuvieron dos fases. En 1993 se acordó que las empresas que invirtieran más de 480.000 euros y crearan 10 puestos de trabajo estarían exentas del impuesto durante 10 años. Entre 1996 y 2000 se implantaron las llamadas minivacaciones fiscales, que establecieron deducciones del 99% en el primer año de beneficios; un 75% en el segundo; un 50% en el tercero, y un 25% en el cuarto. Además, se incluyó un crédito fiscal del 45%, que permitía recuperar mediante deducciones ese porcentaje de las nuevas inversiones de más de quince millones de euros.

Después de haber transcurrido cuatro años sin que Bruselas tenga ningún indicio de que en España se hayan recuperado las ayudas ilegales que ya han sido concedidas, la Comisión Europea ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo. El malestar de la Comisión se ha agravado porque desde 2002, España no ha respondido a las demandas de información de las autoridades comunitarias, que "han concluido que España no había ejecutado las decisiones adoptadas en 2001", según Competencia.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, manifestó ayer que tenía "la intención de ser muy estricta con los Estados miembros que no ejecutan las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado". "Este enfoque", añadió, "es indispensable para asegurar la credibilidad de la política que realizamos en este campo".