"El tráfico de droga no sólo depende de la respuesta penal"

Emilio Miró Rodríguez, ejerce como fiscal especial antidroga en el Campo de Gibraltar.

Pregunta. ¿Tiene medios suficientes?

Respuesta. Como medios humanos y materiales, esta delegación utiliza la totalidad de los de la Fiscalía de la Audiencia de Cádiz. Todos los fiscales llevan asuntos de salud pública y lo que se pretende es alcanzar una unidad de actuación a través de la coordinación de los distintos casos.

P. ¿Cuál es su meta?

R. Facilitar la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de todos los fiscales y mejorar la respuesta. También supone un reto llegar a las cúpulas de las redes organizadas a través de una investigación más profunda y la mejora de las actuaciones de los juzgados de instrucción, ya que la instrucción de los procedimientos penales sigue en manos de los jueces de instrucción y hay que llegar hasta el último objetivo de quien trafica con drogas:la obtención de un beneficio económico a cuyas ganancias es difícil acceder. Sería un paso más para mejorar la actuación de la justicia en este campo.

P. El movimiento asociativo cree que los fiscales deberían investigar más.

R. No estoy de acuerdo en absoluto, ya que gran parte del trabajo de los fiscales se desarrolla actuando en procedimientos sobre delitos contra la salud pública. El problema es que este tipo de delitos obedece a varios factores y no sólo tiene que ver con el trabajo de los fiscales o de que la respuesta penal no sea la adecuada. El tráfico de drogas depende de la creciente demanda de estos productos, de la anticipación del consumo por parte de los jóvenes, de la facilidad para transportar el hachís a través del estrecho de Gibraltar por la proximidad de Marruecos... Cádiz está a la cabeza de los procedimientos por delitos contra la salud pública y de las sentencias condenatorias, por lo que creo que la respuesta de fiscales, jueces y tribunales de la comarca en general es la adecuada.

P. ¿Hay barreras legales para su actuación?

R. La mayoría de los delitos contra la salud pública terminan en sentencias condenatorias, pero hay determinados obstáculos para llegar a ello y no están tanto en el código penal como en la ley de enjuiciamiento criminal. Es necesario mejorar y adecuar determinados instrumentos para la persecución de las personas que utilizan a quienes transportan la droga y se valen de esta actividad para obtener beneficios económicos. Hablo de las escuchas telefónicas, que tienen en nuestra legislación una regulación deficiente y sobre las que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se han manifestado en varias ocasiones porque no se adecúa a los tratados internacionales suscritos por España. La regulación deficiente supone que en ocasiones se cometan fallos porque no existe el suficiente respaldo en la legislación y, al final del procedimiento, se determine la nulidad de las pruebas y por tanto la obtención de una sentencia absolutoria.

P. ¿Cuál es el principal obstáculo en Cádiz?

R. El volumen de procedimientos, y no sólo en salud pública. En esta zona hay otros delitos peculiares como el de los derechos de los ciudadanos extranjeros o delitos contra el medioambiente que, debido a la escasa plantilla, no permite el tratamiento adecuado. Sería necesario el aumento del número de fiscales y jueces en el Campo de Gibraltar. Hay delitos, como los de salud pública, que levantan gran alarma social. Pero, en el caso de esta comarca, se tienen que sumar otros delitos comunes al resto de ciudades y que también requieren una respuesta. La especialización supone una mejora en este campo, pero también puede suponer quitar un fiscal de otros temas.