Trujillo retrasa la creación del registro de pisos protegidos

El registro público de demandantes y oferentes de viviendas protegidas, una de las principales medidas del Gobierno para combatir el fraude en ese mercado, se retrasa por "razones operativas". La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció ayer que dará "flexibilidad" a las comunidades para poner en marcha el registro, previsto en el borrador del plan de vivienda 2005-2008. "Llevará tiempo", señala la ministra.

Ninguna comunidad gobernada por el PP aceptaba los registros, cuyo objetivo es evitar que los pisos protegidos se vendan en el mercado libre. Incluso amenazaron con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, pero la idea no fue bienvenida en algunas autonomías más afines al PSOE. "Puedo entender que hay razones operativas para la creación de los registros y de hecho estamos hablando con las comunidades que tienen problemas de ponerlos en práctica de forma inmediata, por lo que se permitirá un periodo de transición con medidas de control análogas", precisó la ministra ante la Comisión de Vivienda y Fomento en el Congreso.

Trujillo señaló que se está negociando con las comunidades la obligatoriedad de crear registros de viviendas protegidas (tienen un precio máximo y ayudas para acceder a ellas) y que se permitirán otras medidas de control durante un periodo de transición por motivos operativos.

Además de ser una promesa electoral, el registro estaba incluido, al menos hasta ahora, en el borrador del plan de vivienda, que hoy se presentará a los directores generales de Vivienda de las comunidades para su debate la semana próxima en una conferencia sectorial, explicó Trujillo. De esa conferencia saldrá el texto que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, aunque Trujillo no especificó si ocurrirá antes o después del verano. Según el calendario inicial, el plan debía aprobarse este mes. A partir de su entrada en vigor, todos los compradores y vendedores de un piso protegido deberían inscribirse en este registro para evitar que las viviendas subvencionadas se vendan en el mercado libre de forma ilegal. Pocas horas después de su intervención en el Congreso, la ministra eludió pronunciarse sobre este tema en un encuentro organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.