Los impulsores de Terres Cavades creen incompetente a Nadal para anular el proyecto

Los promotores y propietarios de la mayoría de las fincas de Terres Cavades creen que el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, no es competente para anular el proyecto. Así lo argumentan en el recurso contencioso administrativo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) admitió a trámite a principios de febrero pero que ahora los promotores fundamentan.

En su recurso, los impulsores del mayor proyecto urbanístico de la historia de Tarragona dicen que Nadal no es quién para juzgar si el voto del dimisionario concejal de Urbanismo Àngel Fernández (CiU) es válido. Los votos de Fernández, que tiene intereses económicos en la zona junto con su hermano, fueron determinantes para que los sucesivos trámites de Terres Cavades se aprobaran en un Ayuntamiento en el que gobierno y oposición se separan hoy por un solo voto. Éste fue el principal argumento de Política Territorial para anular el proyecto, que ahora los promotores ponen en tela de juicio. Igualmente, en el recurso consideran que el voto del concejal fue válido porque "sólo servía para adecuar al plan general la normativa vigente, sin que supusiera ventaja o beneficio alguno a ningún particular concreto".

Antes de que Política Territorial anulara el proyecto, el Departamento de Gobernación emitió un informe no vinculante en el que sostenía que el voto de Fernández vulneraba la legislación catalana y estatal sobre regulación de los organismos públicos. Los promotores, pese a este informe, dan más credibilidad en su recurso a otro emitido por funcionarios del propio Ayuntamiento de Tarragona, que juzgó adecuada la participación del ex concejal en las votaciones de Terres Cavades.

Por otra parte, los impulsores del proyecto urbanístico consideran que la Generalitat podría haber actuado arbitrariamente al anular su proyecto y no hacer lo mismo con "un caso de análoga significación", en el municipio de La Roca del Vallès, donde la Generalitat "no apreció la ilegalidad del voto de un concejal en la misma situación".