Ocho procesos judiciales pesan sobre las obras del Atrium que el PP de La Vila intenta legalizar

Un total de ocho procedimientos judiciales -seis recursos contenciosos y dos procesos penales- se instruyen en tres juzgados contra la obras irregulares del complejo Atrium Beach (un hotel y cuatro torres de apartamentos) que el gobierno local de La Vila Joiosa, del PP, intenta legalizar. La oposición en ese Ayuntamiento, que en los próximos días interpondrá dos nuevos recursos para reclamar que se abran expedientes de infracción al exceso de obra detectado en las torres, pidió ayer que se haga efectiva la sanción de 12 millones de euros a la promotora del hotel.

Después de fallar en dos ocasiones contra el Atrium, una paralizando las obras y la otra ordenando al alcalde que reponga la legalidad urbanística, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante aún acumula seis recursos contra el complejo inmobiliario. Entretanto, dos juzgados de La Vila Joiosa instruyen dos causas penales por la muerte de tres operarios durante la construcción del hotel.

En cuatro de los contenciosos pendientes de sentencia se reclama la anulación de las licencias de construcción de cada una de las torres de apartamentos del Atrium Beach. En un quinto recurso (en fase de contestación de la demanda) se solicita la caducidad de la licencia originaria del hotel y en otro contencioso, aún pendiente de su admisión a trámite, se reclama la demolición del exceso de obra (6.223 metros cuadrados) de las torres de apartamentos.

El concejal de Iniciativa Independiente de La Vila, Pedro Lloret, autor de los recursos, aseguró ayer que las licencias a las torres se concedieron irregularmente, puesto que ninguna de ellas cuenta con los perceptivos informes técnicos y jurídicos municipales. Las viviendas, ya comercializadas, no disponen de cédula de habitabilidad y de las licencias de primera ocupación.

De aceptar el juzgado alguno de los recursos se complicaría extremadamente la solución con la que el alcalde de La Vila, el popular José Miguel Llorca, intenta legalizar el exceso de obra, esto es, la compensación con parcelas dotacionales de los metros edificados de más, la demolición de tres plantas del inmueble y la construcción, a cargo de la promotora, de unas oficinas municipales junto al hotel.

Por otro lado, el portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Manolo Mata, advirtió ayer del riesgo de un proceso de marbellización de la vida política valenciana, ya que "el camino de algunos dirigentes del PP les puede llevar a situaciones parecidas a las vistas en el Ayuntamiento de Marbella". Matas hizo estas declaraciones a propósito de las polémicas que envuelven a varios alcaldes de Alicante.

Para Matas, la consecuencia "lógica" de la política municipal desarrollada por el PP "es que luego muchos concejales o incluso algún alcalde tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados", lo que lleva a pensar que "ha llegado el momento de frenar esta política de desprecio a la oposición, de desaparición de dinero y ocultación de las cuentas públicas". El socialista, quien señaló que las poblaciones de Orihuela y Torrevieja "están bajo sospecha", manifestó que no es tolerable que un alcalde [el de Orihuela, Manuel Medina] "huya del pleno para no dar explicaciones sobre la desaparición del dinero en su municipio, ni que otro [el de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo] diga que se pueden ganar mil millones de pesetas comprando una finca para guardar unos perros".

Según Matas, el alcalde de Torrevieja se ha embolsado lo que ganaría un trabajador con un salario mínimo interprofesional en 500 años.