Más, pero más viejos

Las últimas previsiones demográficas del Banco de España para la primera mitad de este siglo en España mejoran sustancialmente las lanzadas hace apenas cinco años por la ONU, que auguraban un descenso paulatino de la población española rayano en la catástrofe demográfica. Esta corrección a mejor hay que atribuírsela fundamentalmente a los inmigrantes llegados en los últimos años y a los que se espera en los próximos, pues la tasa de fecundidad de la mujer española, aunque mejorará ligeramente, seguirá por debajo de la tasa de reposición.

En las actuales circunstancias hay que considerar el aumento de población como un don caído del cielo. Ayuda a rejuvenecer a corto plazo una sociedad encaminada hacia el envejecimiento y reduce la tasa de dependencia, que mide el porcentaje de población inactiva respecto de la que trabaja, con los beneficiosos efectos que ello tiene sobre el sistema productivo y la protección social. Las anteriores proyecciones situaban la población española en 2025 en 43 millones de personas -ya alcanzados en la actualidad- y en 41 millones en 2050, mientras que las actuales la elevan hasta los 50 millones en la primera fecha y 53 millones en la segunda. España tendrá en esta primera mitad de siglo unos doce millones de habitantes más de los previstos.

Sin embargo, el aumento de población no despeja, aunque mitiga, el problema del envejecimiento de la sociedad española a medio y largo plazo. En 2025, los mayores de 65 años, que constituyen actualmente el 16,8% de la población, pasarán a representar el 21,2% y un 30,8% en 2050, por efecto del propio envejecimiento de los inmigrantes y de la mejora de la esperanza de vida, que pasará de la media actual de 80,7 años a los 84 en 2030. Sin duda, el retraso de la edad de jubilación serviría para reducir la tasa de dependencia, pero ello apenas paliaría un problema necesitado de políticas sociales más activas que las desarolladas hasta ahora.

El Plan Gerontológico Nacional puesto en marcha hace 14 años prometió muchas cosas: aumento de plazas residenciales, asistencia domiciliaria, centros de día, teleasistencia, etcétera; pero sólo el 6,5% de los 1,7 millones de ancianos dependientes reciben en la actualidad alguna ayuda de los diversos servicios sociales. El número de plazas residenciales -tres por cada cien mayores de 65 años- sigue estando tan alejado de la media de la UE -siete por cada cien- como hace 14 años. Urge, por tanto, ese Servicio Nacional de Ayuda a la Dependencia presentado recientemente por Zapatero como iniciativa estrella de las políticas sociales de su Gobierno.