Cien penalistas piden límites a la incomunicación de detenidos y a la prisión provisional

El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de cien penalistas, pide al Gobierno socialista que el límite máximo de la prisión provisional se reduzca a un año, prorrogable a tres (actualmente es de dos años, prorrogables a cuatro), y que la incomunicación de los detenidos no pueda sobrepasar nunca los tres días (hoy puede prorrogarse hasta 10), entre otras reformas de la política penal represiva mantenida e impulsada por el PP. La iniciativa, que Justicia se ha comprometido a tener en cuenta, tiende a reducir el 22,22% de presos preventivos, del total de población reclusa en octubre de 2004.

La prisión provisional de un año como máximo sólo podría prorrogarse hasta tres "en los casos de delincuencia organizada grave, cuando se atribuyan a los imputados responsabilidades directivas". Se explica que el derecho a la libertad impone un plazo "razonable, en el sentido que a este término ha venido dando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Para potenciar el carácter preferente de los procesos con preso se propone que el recurso contra la prisión provisional se resuelva "por otra instancia judicial (...) en el plazo improrrogable de 20 días", transcurrido el cual sin decisión "la medida quedará sin efecto automáticamente", a fin de que "la desidia de los tribunales" no perjudique la libertad.

Aislamiento "excesivo"

Sobre la incomunicación del detenido, el grupo propone que no pueda exceder "de un plazo máximo de tres días, sin posibilidad de prórroga". Estos criminalistas dicen que "parece excesivo" el sistema actual, que sirve para "debilitar la voluntad del imputado en un primer momento, esperando que su aislamiento total le mueva a colaborar". Añade que, "si se trata de neutralizar posibles entendimientos del encartado con terceros, abogados o familiares, se podrá acordar la intervención de sus comunicaciones, lo que supondrá un mayor respeto al estatuto del imputado preso y a su dignidad personal".

El documento se aprobó a finales de noviembre, cuando unos 60, del total de 160 integrantes del grupo de juristas -en su mayoría catedráticos y profesores de Derecho Penal, seguidos de jueces- se reunieron en Málaga para conmemorar el 15 aniversario de su constitución, en 1989, año en el que plantearon la despenalización de las drogas.

Entre los fundadores del grupo figuran los catedráticos José Luis Díez Ripollés y Juan Carlos Carbonell; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el ministro y el secretario de Estado del Interior, José Antonio Alonso y Antonio Camacho; el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; el vocal del Consejo General del Poder Judicial Javier Martínez Lázaro y los ex vocales del mismo órgano, también jueces, Manuela Carmena y Ramón Sáez, este último directivo del grupo.