Obras Públicas comprueba si los dueños de viviendas sociales viven en ellas

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha empezado a remitir a los propietarios de viviendas de Protección Oficial (VPO) entregadas en los últimos meses en la ciudad de Cádiz un escrito con el que les exige que se empadronen. El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, detalló que en las cartas se les explica a los dueños de las viviendas que una de las condiciones "inexcusables" para recibir estos pisos es residir de forma habitual y permanente en Cádiz. La Junta emprenderá otras medidas para comprobar la ocupación efectiva de las casas por parte de los dueños. Si no es así, anulará la concesión por "engaño a las administraciones públicas".

Esta actuación responde a la investigación que a mediados del mes de mayo anunció el delegado de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, tras recibir un listado del Ayuntamiento de Cádiz sobre 78 viviendas de Protección Oficial (VPO) que no están ocupadas por los propietarios que las adquirieron.

Son pisos que pertenecen a varias cooperativas en los antiguos terrenos ociosos de astilleros, la última zona urbanizada de la capital gaditana. "Son unas promociones de titularidad privada, pero con subvención publica. Así que los propietarios que han recibido estas viviendas tienen obligación de habitarlas porque no tiene sentido gastar dinero público en unas viviendas que no son usadas. Es un caso que hay que investigar seriamente", explicó Gómez Periñán.

Las delegaciones municipales de Urbanismo y Vivienda llevan varias semanas investigando la existencia de pisos vacíos en promociones protegidas. Los técnicos municipales ya localizaron 78 viviendas vacías en las parcelas 5B, 9, 10 y 38 de la mencionada zona. El Consistorio gaditano quitó recientemente una casa a un adjudicatario que no residía en esta vivienda y que, además, pretendió venderla a un precio que duplicaba lo que pagó para adquirirla como VPO.

Por otra parte, la Junta de Andalucía inició en los últimos cuatro años un total de 548 expedientes sancionadores a promotores inmobiliarios de viviendas e impuso en este período sanciones por valor de 1,5 millones de euros.

Además, mientras que las reclamaciones en materia de vivienda presentadas por los consumidores supusieron el 8% de las presentadas ante la Administración autonómica en la primera mitad de 2003, con 666 reclamaciones, esta cifra aumentó en el primer semestre de 2004, cuando se recibieron 871, un 10% del total de reclamaciones.

Según la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación, Isabel Cumbrera, que asistió en Granada al Seminario formativo sobre la protección del consumidor en el sector de la vivienda, la Junta "busca dar las máximas garantías y una total protección a los consumidores".