Está verde

Habría sido un milagro que en su primera entrevista formal tras las elecciones, Zapatero y Rajoy se hubieran puesto de acuerdo sobre las reformas institucionales previstas en el programa del nuevo Gobierno. Y sin embargo, ese acuerdo será imprescindible para llevar a cabo las modificaciones de la Constitución anunciadas por Zapatero en su investidura, y muy conveniente para culminar las reformas de sus Estatutos planteadas por varias comunidades y respaldadas por el PSOE. Se necesita, por tanto, mucho debate y, sobre todo, tiempo. Que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición conversaran ayer sobre esas cuestiones es ya un cambio, y en la buena dirección; pero no garantiza el acuerdo.

Las dificultades son objetivas. Zapatero, sin mayoría absoluta, se propone lanzar una operación de largo alcance -tarea para una legislatura o más-, destinada a atraerse a las principales formaciones nacionalistas (radicalizadas durante la anterior legislatura) en torno a un consenso autonómico renovado. Pero no puede hacerlo de manera que se desate un proceso imparable de agravios comparativos que desestabilice el sistema, y para ello necesita el acuerdo con el PP. De ahí, seguramente, cierta ambigüedad en los planteamientos. Si se parte de un acuerdo PP-PSOE, como en las reformas pactadas de 1992 y 1996, los nacionalistas se sentirán ajenos al proceso y extremarán sus demandas. Inversamente, si los socialistas alcanzan acuerdos con fuerzas nacionalistas al margen del PP, el primer partido de la oposición se negará a respaldarlos.

Hay otra dificultad más de fondo. Una cosa son las reformas institucionales destinadas a reforzar el sistema autonómico, su eficacia como instrumento de cohesión territorial y garantía de autogobierno, sobre lo que es posible un acuerdo PP-PSOE, y otra, las reformas destinadas a aumentar el techo competencial de algunas comunidades, o a eliminar los obstáculos constitucionales a una mayor asimetría en las competencias. Son dos cosas diferentes, aunque a veces se justifique lo segundo en nombre de lo primero.

Finalmente, existe una latente contradicción entre el deseo de institucionalizar la diferencia entre nacionalidades y regiones, algo que no se hizo en la transición, y la consolidación de un modelo autonómico con 17 comunidades (y sus respectivas clases políticas y sistema consolidado de partidos) que tienen básicamente las mismas competencias (excepto en lo relativo a los hechos diferenciales) y los mismos servicios, pese al diferente nivel de renta. Todo ello define las dificultades del proceso que ahora se inicia.