Tragedias familiares

La violencia doméstica no sólo no remite-son ya 19 las mujeres muertas en lo que va de año, y tres sólo en la última semana-, sino que adquiere dimensiones de auténticas tragedias familiares. El agresor no limita sus amenazas a quien ha sido o es su pareja, sino que, llegado el caso, no duda en extenderlas a los hijos. Es cierto que este rasgo no es de ahora pero sí que se agrava. Al menos 50 menores han perecido desde 1997 en episodios de violencia doméstica protagonizados por sus padres. El terrible suceso de la localidad valenciana de Alzira, en el que una mujer y dos de sus hijos fueron quemados vivos por el ex marido y padre de las víctimas, en trámites de separación, muestra el grado de locura criminal que puede gestarse en esas circunstacias de conflictividad familiar y que no retrocede ante la venganza colectiva. Espeluznante resulta también el precedente caso de violencia doméstica sucedido el miércoles pasado en Málaga, donde un hombre apuñaló hasta la muerte a su compañera y al bebé de ambos.

Estos casos, como el acaecido también la misma semana en la localidad madrileña de Getafe, en el que una mujer de 46 años murió acuchillada por su compañero, muestra la necesidad de promulgar cuanto antes la ley integral contra la violencia de género prometida por el Gobierno socialista. Es seguro que algunos de estos crímenes no podrán evitarse, pero los poderes públicos están obligados a comprometerse con más rigor y determinación que hasta ahora en la lucha sin cuartel contra una lacra que representa, por el número de víctimas y la impunidad con que se producen, un grave desafío a las leyes y a la sociedad. Seis de cada 10 ciudadanos desconfían de la actuación de las autoridades ante las denuncias de violencia doméstica, segun el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La descoordinación, sobre todo entre las instancias judiciales y policiales, y la ineficacia de algunas medidas preventivas, en especial las órdenes de alejamiento del agresor, son fallos que lastran la respuesta institucional y a los que debe poner remedio la anunciada ley integral.

Desde los poderes públicos no podrá erradicarse de un día para otro -y nunca en determinados casos patológicos- el fondo machista que determina la conducta de los agresores domésticos y que se sustenta en la creencia rígida en roles y arquetipos sexistas sobre la superioridad del varón. La cultura machista permanece enquistada en individuos de todas las clases y ambientes y resiste a los cambios políticos y legales favorables a la solución pacífica de los conflictos conyugales. De ahí que, como muestra el caso de Alzira, una mayoría de las mujeres, 7 de cada 10 víctimas, estén separadas o en trámite de separación: una situación no asumida por el agresor, que considera un desafío a su masculinidad cualquier actitud que no sea de sumisión. Tiene sentido intentar combatir desde la escuela una cultura preñada de violencia, incluso con la enseñanza de una materia sobre la igualdad de sexos, según prevé la ley anunciada.