Discriminación

En un desplazamiento por cercanías de Madrid en la estación de Majadahonda, al entrar en su vestíbulo pude observar a dos guardas de seguridad privados que solicitaban a dos inmigrantes, uno de ellos de origen magrebí y el segundo con claros rasgos suramericanos, que abrieran sus mochilas y les dejaran controlar sus pertenencias privadas. Por supuesto, ninguno de los pasajeros de origen europeo, entre los que me incluyo, que llevábamos mochilas o macutos similares fuimos retenidos y registrados.

En Atocha, y ya en el andén del metro, la situación volvió a repetirse, esta vez con una persona mayor y una niña, ambos de claro origen magrebí. Estas retenciones y registros llamaban la atención de todos los viandantes, y algunos, por suerte por ahora sólo una pequeña minoría, miraban con recelo a los retenidos. ¿Desde cuándo los guardas de seguridad privados tienen la potestad de registrar a simples ciudadanos que transitan por nuestra red de transporte público?

¿Se va a registrar indiscriminadamente a todos los inmigrantes que viven en España? ¿Queremos ver a todas estas personas como sospechosos? Creo que además de absolutamente ilegal y moralmente cuestionable este tipo de comportamientos no mejoran la seguridad y convierten a millones de trabajadores de las capas más desfavorecidas en presuntos delincuentes. Quiero exigir la inmediata destitución de los responsables de esta nueva normativa de seguridad que nos acerca peligrosamente a un Estado policial.