Exámenes extraordinarios

El pasado día 3 de octubre, en Zaragoza, los consejeros de Educación de las seis autonomías gobernadas por el PSOE acordaron que los exámenes extraordinarios se celebrasen en la última semana de junio. Está claro que la medida no tiene nada de pedagógica y mucho de política barriobajera.

¿Qué se argumenta para este atentado a la razón? Según la prensa, que era la única fecha que garantizaba la igualdad en la educación. Ante una respuesta tan surrealista, absurda y cínica cabría preguntarse: ¿Acabar el curso el día 22 de junio y volver a examinar el 23 es garantizar la igualdad en la educación? Los argumentos para rebatir tal despropósito, por obvios, los omito. Cualquier persona de buena fe entendería que, sin tiempo material para estudiar, los exámenes extraordinarios, que toda la vida han sido en septiembre, carecen de sentido por ineficaces. Por otra parte, esta medida autoritaria no es más que una trampa para hacer fracasar la LOCE, aunque humille al profesorado, pisotee los derechos de los alumnos y se lleve por delante todo el sistema educativo actual.

Señora consejera de Educación de Andalucía, para la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que no le debemos nada ni a su partido ni a ningún partido, garantizar la igualdad, entre otras, es:

1. Dotar al sistema educativo andaluz de muchos más recursos económicos y humanos.

2. Colocar a los profesores impartiendo las asignaturas de su especialidad y no teniendo a un porcentaje, cada vez más amplio, de profesores impartiendo asignaturas afines.

3.Nombrar a jefes de departamento, como manda la LOCE que sean profesores deSecundaria y no a profesores de muy inferior titulación.

4. Programar las ofertas de empleo público para que las cuentas salgan y no se tenga que colocar, ilegalmente y por ahorro económico, a maestros interinos en el primer ciclo de Secundaria, porque la LOGSE, en este apartado, es muy clara (Transitoria-8).

5.- Solucionar la enorme precariedad laboral que existe en el sector de la enseñanza.

7. Despolitizar a la inspección educativa.