Gil justifica sus prácticas contables en la Alcaldía por la falta de liquidez

El ex alcalde de Marbella Jesús Gil y Gil declaró ayer al juez de la Audiencia Nacional que ya ha contestado al 90% de las alegaciones del informe del Tribunal de Cuentas, referido al periodo 1991-2001, en el que la Fiscalía Anticorrupción basó una querella contra él. Gil prestó declaración en calidad de imputado en relación con un presunto fraude de más de 90 millones de euros del que le acusa Anticorrupción a él y a otras 34 personas que en algún momento han sido concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el consistorio marbellí.

Anticorrupción afirma en su querella que los denunciados, "gracias al control que les permitía una mayoría absoluta en el Ayuntamiento, gestionaron los recursos municipales al margen de las normas legales, con la finalidad de sustraer a cualquier control los fondos públicos que administraban, y utilizar parte de ellos en beneficio propio. "Con el sistema diseñado por ellos, o se estaba en connivencia con la formación política de Jesús Gil o no se podía concurrir a la contratación con el Ayuntamiento", asegura también el escrito. Anticorrupción dice también que los querellados "enajenaron bienes municipales" y que "consta indiciariamente acreditado el enriquecimiento de determinados concejales mediante la apropiación de fondos municipales por servicios inexistentes o ficticios".

En declaraciones a los periodistas, Gil aseguró que cuando él llegó al Ayuntamiento no había fondos, y que el pago con parcelas urbanizables fue uno de los métodos utilizados para conseguir que las empresas aceptaran realizar obras en Marbella. El ex alcalde dijo también que tuvo que adelantar de su patrimonio 21,03 millones de euros que luego le fueron devueltos poco a poco, lo que -según él- explica las transferencias directas desde el consistorio a sus empresas particulares detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Gil también calificó de "ilegal a todas luces" el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que la Junta propone que se adapte a las necesidades económicas de Marbella y a su población residente y turística, y señaló que su aplicación supondrá "dejar a 60.000 obreros en la calle".