El Ayuntamiento admitió que Punta Umbría Turística debía ser indemnizada

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández (PP), dio ayer por cerrada la comisión de investigación que ha analizado la firma de un convenio urbanístico en 2003 entre el anterior gobierno municipal (PSOE) y la empresa Punta Umbría Turística. En la última sesión, Hernández aportó un informe del secretario municipal en el que se reconocía que la empresa debía ser indemnizada por el concurso convocado en 2000, en el que ganó la adjudicación de 13 parcelas hoteleras. La Junta anuló ese concurso.

El primer edil ayer al acta de la comisión la copia de un informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento, José Luis Pérez Guío, a petición del anterior alcalde, el socialista José Hernández Albarracín, en el que se analiza la legalidad de la tramitación del primer proyecto turístico de los 13 hoteles de 2000, cuyo original ha desaparecido del expediente de ese primer plan. El actual alcalde aseguró que ese informe tiene "una enorme relevancia" al entrar a analizar las responsabilidades del Ayuntamiento, que realizó en 2000 una adjudicación que "después resulto ser ilegal".

Las Consejerías de Medio Ambiente y Gobernación desautorizaron el proyecto turístico de 2000, que ganó Punta Umbría Turística en concurso público, por plantearse en suelos catalogados como monte público.

El alcalde aseguró que el propio secretario municipal le confirmó por teléfono que la copia se correspondía con el documento que elaboró. En ese informe, el secretario municipal indicó que los acuerdos por los que se convocó el concurso de 2000 y se formalizó la adjudicación a la oferta más alta (Punta Umbría Turística) son "contrarios a derecho" por haberse tomado "sin haber pedido las preceptivas autorizaciones a las Consejerías de Medio Ambiente y Gobernación".

El escrito del secretario aclara que la anulación del concurso daba pie a que la adjudicataria pidiera una indemnización: "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia normal o anormal de los servicios públicos".

Para evitar esa posibilidad, el Ayuntamiento negoció reubicar el proyecto en nuevos suelos, una opción que quedó plasmada en el convenio urbanístico de 2003, paralizado ahora por el PP para investigar posibles irregularidades en la forma de adjudicación. El alcalde anunció el fin de las comparecencias con la declaración ayer del redactor de los documentos del avance del PGOU, Pedro López Bermúdez, y aseguró que las conclusiones estarán "pronto".