Sólo 12 de los 89 diputados declara que ejerce otra actividad privada

Sólo doce de los 89 diputados de las Cortes Valencianas ha declarado ejercer otra actividad privada a parte de sus obligaciones como parlamentario. Así consta en el análisis de las declaraciones de actividades -en las que los parlamentarios han de detallar aquellas ocupaciones que les proporcionan o les pueden proporcionar ingresos adicionales- que los diputados han de realizar y entregar a los servicios de la Cámara para que se constate que no existe incompatibilidad alguna con su cargo de representación. Estas declaración se adjunta a una segunda en la que han de detallar sus bienes patrimoniales, pero que a diferencia de la primera no tiene carácter público.

De los diputados con actividad privada, nueve son del Grupo Popular (48 escaños) y tres del PSPV-PSOE (35). Entre los seis parlamentarios de L'Entesa no figura ninguno que tenga actividad privada. En el PP, los que declaran mantener actividad privada son la consejera de Agricultura, Gema Amor, que tiene participada al 50% con su esposo la firma Elipse Arquitectura SA; y los tres portavoces adjuntos: Rafael Maluenda, Antonio Clemente y Ricardo Costa. Maluenda se declara consejero y accionista de Mármoles Seleccionados SL de Monover; Clemente afirma que mantiene su actividad de farmacéutico en una oficina de Valencia y Costa ejerce de economista en una asesoría contable de Castellón. También declaran actividad privada las diputadas populares Mercedes Alonso y Asunción Quinzá que ejercen como abogadas; y los parlamentarios del PP Ricardo Martínez (como adjunto asistente del director general comercial de la azulejera Keraben), Joaquín Soler (como responsable de una explotación agrícola familiar en Massalfassar) y Manuel Pérez Fenoll (que regenta una clínica dental en Benidorm).

Empresarios y abogados

En el Grupo Socialista, el portavoz adjunto Antoni Such declara que ejerce como abogado en Alcàntera del Xúquer. Profesión que también ejerce Tomás Polo en Segorbe. Amparo Marco, también del Grupo Socialista, declara actividades de intermediación financiera como miembro del consejero rector de la Caja Rural de Castellón.

De los 89 diputados valencianos, 24 juraron o prometieron su cargo siendo alcaldes o concejales, aunque sólo dos han preferido cobrar del ayuntamiento y renunciar al sueldo de parlamentario: la popular Rita Barberá (Valencia) y el socialista Diego Macià (Elche).

En todas estas declaraciones públicas, la comisión parlamentaria del Estatuto del Diputado resolvió que ninguno de los 89 representantes de la Cámara incurre en una situación de incompatibilidad. El dictamen fue aprobado en el pleno de las Cortes Valencianas celebrado el pasado lunes.