El tránsito marroquí
Marruecos no sólo es un foco de inmigración irregular hacia España, sino zona de tránsito obligada, por su situación geográfica, de los movimientos migratorios que fluyen desde los países del África subsahariana hacia la costas andaluzas y canarias. Las estadísticas revelan que la inmigración irregular que llega a España desde África es a medias entre marroquíes y ciudadanos de países subsaharianos. Se comprende, pues, el interés del Gobierno español, de acuerdo con las directrices sobre inmigración de la UE, en que Marruecos se comprometa a aceptar no sólo la devolución de sus nacionales, que ocurre con regularidad, sino también la de inmigrantes irregulares de terceros países que proceden de su territorio.
La reciente mejora de las relaciones hispano-marroquíes había hecho concebir la esperanza de que Marruecos aceptaría este compromiso como un elemento de normalización de relaciones en materia de inmigración con España. Sobre todo, porque tal compromiso ya existe sobre el papel -un convenio bilateral de 1992- y sólo la falta de voluntad política o los altibajos de las relaciones hispano-marroquíes pueden explicar que no se haya llevado a la práctica. Marruecos se niega a aceptar como probado que las pateras que transportan subsaharianos procedan de sus costas.
Los miles de inmigrantes subsaharianos que llegan a España pasan a engrosar la gigantesca bolsa de imigración irregular - 600.000 sin papeles- que se ha formado tras la entrada en vigor de la ley de Extranjería, sin que se les pueda devolver a sus países de origen. Sólo la colaboración de Marruecos puede resolver este problema, mediante el control en sus fronteras y una política a su vez de devolución a sus países de origen, algo que exige de España y de la UE la máxima cooperación y financiación. De otra forma sería devolver la patata caliente a un vecino más pobre y más débil.
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