CiU, ERC e ICV pactan el modelo de financiación de las universidades, del que se desmarcan los socialistas

CiU, ERC e ICV pactaron ayer el modo de financiación del sistema universitario catalán hasta el 2010, que figurará como una disposición adicional de la futura Ley de Universidades de Cataluña (LUC), la cual está previsto que se empiece a debatir en el Parlament la semana que viene. En cambio, el PSC se desmarcó ayer del consenso que parecía vislumbrarse. Los socialistas mantienen su enmienda a la totalidad del proyecto de ley del consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, así como más de un centenar de enmiendas parciales. ICV, por su parte, retiró su enmienda a la totalidad y suscribió junto con CiU y ERC una enmienda transaccional que fija un compromiso financiero para aplicar la ley.

El dictamen votado en la comisión de política cultural del Parlament es un trámite previo para que la LUC pueda ser debatida en el pleno y garantiza que en 2010 se habrá consolidado un incremento, en términos reales, del 30% del presupuesto dedicado a las universidades públicas, que se irá aplicando de forma gradual.

El texto acordado ayer también prevé la creación de una cuerpo profesoral propio de la Generalitat, acogiéndose a la vía de la contratación laboral que abre la nueva ley de universidades (LOU). Las universidades públicas catalanes contratarán en los próximos 12 años un total de 1.200 docentes: 400 catedráticos y 800 profesores agregados. El 50% de la financiación de este profesorado correrá a cargo de la Generalitat. Según la enmienda transaccional, se realizarán un centenar de contratos al año para cumplir el objetivo. Las condiciones específicas de este cuerpo de profesorado, sin embargo, están aún por definir, especialmente en lo que se refiere al modelo de acreditación que impulsará el Gobierno del PP, que, por lo visto hasta el momento, no parece muy dispuesto a cumplir la promesa que hizo a CiU de respetar la autonomía y la capacidad de la Agencia de Calidad catalana.

El desmarque de los socialistas, en el último momento, de un proceso que todos daban por pactado levantó las críticas del partido del Gobierno. El portavoz del grupo de CiU, Ramon Camp, aseguró que "los socialistas dan prioridad al combate político por encima de la búsqueda del acuerdo". Carles Bonet, de ERC, les acusó de actuar "como párvulos". Joan Boada, el portavoz de ICV, se limitó a puntualizar que su formación no está globalmente de acuerdo con la ley "sino sólo con una de sus patas, la de la financiación", que creen que "es positiva porque en ocho años se puede llegar a las mismas inversiones que otros países de la OCDE". Francesc Vendrell, del PP, se mostró abierto a llegar a un compromiso sobre la ley, pero indicó que el acuerdo con los republicanos "dificulta" el consenso.

Miquel Barceló, del PSC, defendió el desmarque de su partido aduciendo que el proyecto de ley "no responde a las necesidades que hoy tiene la universidad catalana y no le da el protagonismo que debe tener en el marco de la sociedad del conocimiento". Barceló fue muy crítico con el modelo de contratación de profesorado, que en su opinión "consolida un nuevo cuerpo de funcionarios".