Un directivo de Calviga declarará por la querella contra Gimeno

El titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, ha llamado a declarar, en calidad de imputado, a Alberto Oller, directivo de Calviga, una de las empresas de Luis Batalla. Así, el próximo miércoles, Oller habrá de acudir al juzgado para responder a las preguntas que le sean formuladas sobre la operación urbanística que acabó con la adjudicación a Calviga del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El proceso provocó que los ediles del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castellón presentaran una querella por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público, en la que señalaban al alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno, y al propio empresario Luis Batalla como presuntos autores de los citados delitos.

El juez dictó, el pasado martes, la providencia en la que requiere la declaración de Oller, justo al día siguiente de que el propio Batalla señalara en el juzgado a uno de sus principales directivos del área de Urbanismo como la persona encargada del proyecto por el que le fue adjudicada la obra. Batalla alegó su condición de "jubilado", pese a ser titular de la empresa, en la que Oller aparece como apoderado.

La providencia, que se incluye en el trámite judicial de instrucción, requiere, además, documentación a Calviga, filial de Lubasa. Asimismo solicita otros documentos a la Caja Rural Castellón, entidad que selló los recibos que, supuestamente, fueron falsificados con el fin de que Calviga saldara una antigua deuda que la invalidaba como adjudicataria municipal. La documentación ha sido requerida a la oficina que se encuentra en la misma sede de los Servicios de Recaudación Municipal. El objeto es dilucidar si, como señala la querella, se manipuló la fecha de cobro de unos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles. El juez reclama también documentación a El Corte Inglés, empresa que, según se ha anunciado, se ubicará en el solar que, por la adjudicación municipal, pasará a ser propiedad de Calviga a cambio de la urbanización de la zona.

Solicitud de los socialistas

Al margen de esta providencia, Juan Callao, abogado de los querellantes, ha solicitado al juez que llame a declarar al concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, y al edil que presidía la empresa de contratación que ha motivado el caso, José Pascual. El letrado solicita las nuevas comparecencias a raíz de la implicación que de ellos realizó Gimeno. Además, pide la comparecencia del representante legal de Caja Rural San Isidro, de tres funcionarios de la mesa de contratación y del jefe del Servicio de Recaudación para que aclaren el procedimiento de emisión y supuesta cancelación de los recibos.