Trinidad Jiménez tacha de "chapuza" la orden del Gobierno regional para hacerse con el pulmón verde

La candidata socialista a la Alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que el decreto de la Comunidad de Madrid que declaraba bien de interés cultural la Casa de Campo, recientemente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), "era una auténtica chapuza" y se preguntó "qué ha hecho" el Gobierno de Ruiz-Gallardón durante los últimos cuatro años en este recinto. Jiménez, que realizó estas declaraciones tras visitar las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Lesionados Medulares, reclamó la creación de un patronato municipal que atienda las exigencias de la Casa de Campo y la elaboración de un plan integral de rehabilitación de este espacio, muy deteriorado a su juicio en los últimos años. "Ya es hora de que la administración pública se dé cuenta de que es un bien de todos los madrileños", concluyó.

El portavoz de Patrimonio de IU en la Asamblea, Franco González, señaló que la sentencia del TSJM "deja en ridículo a la Comunidad de Madrid". El diputado regional se opuso a la propuesta del director general de Patrimonio Histórico del Gobierno regional, Juan José Echeverría, de crear una comisión con el Ministerio y el Ayuntamiento que delimite el ámbito de sus competencias en la Casa de Campo. "El triunfo de Álvarez del Manzano tampoco me satisface, ya que el único interés del Ayuntamiento no es preservar la Casa de Campo, sino preservar el interés de los espacios privatizados y las concesiones del parque", añadió González.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento también comentaron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En opinión de los portavoces del PSOE e IU, Rafael Simancas e Inés Sabanés, respectivamente, es "lamentable" que el Ayuntamiento y la Comunidad hayan solucionado en los tribunales sus discrepancias sobre la Casa de Campo, en lugar de colaborar para buscar soluciones.

Mientras, el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente de Madrid, Adriano García-Loygorri, ignoraba ayer si el Gobierno regional recurrirá la sentencia del TSJM. La Comunidad dispone de 10 días para apelar, tras recibir el fallo.