El Gobierno demanda a la Junta por el parador de Cazorla

El Gobierno central, a través del Instituto de Turismo de España, Turespaña, ha presentado una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Jaén contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por la titularidad del parador nacional de Cazorla El Adelantado. La Junta andaluza decidió inscribir este centro en el registro de la propiedad a su nombre al adquirir las compretencias sobre Cazorla y ahora el Gobierno reclama su propiedad mediante demanda.

Según informaron fuentes de la Abogacía del Estado, en 1963 se segregó una parcela de los montes de Cazorla y se entregó al entonces Ministerio de Información y Turismo, del que dependía, para construir en 1965 en dos hectáreas de superficie el citado parador de turismo, que sigue siendo gestionado por el Estado a través del instituto Turespaña.

Las fuentes judiciales apuntaron que actualmente "aduciendo transferencias de competencias, la Junta andaluza ha inscrito el parador a su nombre en el registro de la propiedad" correspondiente, a lo que el Estado ha planteado dicha demanda civil, ya admitida a trámite y pendiente de la contestación judicial de la Junta andaluza, en la que reivindica el citado parador como propiedad estatal y exige a la Junta andaluza la anulación de la inscripción en el registro y que se reinscriba a nombre del Estado.

Montes si, hotel no

Los abogados del Estado argumentan que las transferencias competenciales realizadas en 1984 al gobierno de la comunidad autónoma "se refieren a los montes pero no a un edificio dedicado a la explotación turística y hotelera, y además ese terreno y esa superficie, que no es monte y afecta inicialmente a Información y Turismo, se segregó de todo su entorno, que sí es propiedad de la Junta"

Los abogados explicaron que la explotación hotelera de Cazorla "está clara, y corresponde a Turespaña" y apostillaron que la disputa en esta demanda se refiere a la propiedad del parador, tras lo que reconocieron que este edificio no estaba inscrito en el registro de la propiedad hasta que la Junta de Andalucía no lo ha hecho.

Asimismo, indicaron que "hubiera sido conveniente" que el Estado hubiera inscrito a su nombre en el registro correspondiente este centro, aunque "realmente no es obligatorio", concluyeron.