Cese de un asesor de Monteseirín por presunta corrupción inmobiliaria

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, firmó ayer mismo el decreto de destitución de Juan José Conde como personal de confianza del grupo socialista del Ayuntamiento. Conde fue señalado el martes por el diario Abc como responsable de un caso de corrupción urbanística. Según el citado periódico, una cooperativa de viviendas presidida por el ya ex asesor municipal, Vecinos del Alamillo, vendía viviendas de protección oficial, construidas en terrenos adjudicados por la Gerencia de Urbanismo, a precios superiores a los fijados en el expediente municipal.

La información publicada el martes indicaba que, mientras las condiciones legales de la promoción imponían un precio máximo de unos 577 euros (96.033 pesetas) por metro cuadrado útil, la cooperativa de Conde estaba firmando precontratos de venta de las viviendas a algo más de 676 euros (112.500 pesetas) el metro cuadrado.

La diferencia de precio se debe a que en los precontratos se fija un precio conforme al decreto que establece los módulos de vivienda de protección oficial de febrero de 2001, mientras que el expediente de adjudicación por parte de Urbanismo utiliza los de junio de 1998. El beneficio generado por esa diferencia podría alcanzar el millón de euros.

Según fuentes municipales, la decisión de Monteseirín de destituir a Conde no se debe a la acusación de corrupción urbanística, que aún está por demostrar, sino porque el alcalde considera incompatible con el cargo que tenía en el Ayuntamiento su condición de presidente de una cooperativa de viviendas. Las irregularidades que se le imputan deberán ahora ser aclaradas por una investigación interna que Urbanismo ya a abierto.

Jesús Martín de Prado, presidente de Larcovi, la constructora que gestiona la promoción de viviendas de protección oficial concedida a la cooperativa de Conde, aseguró ayer que 'no ha habido irregularidades', negó que se haya pretendido cobrar más a los 96 cooperativistas y atribuyó la polémica que se ha suscitado a que se tomó como definitivo un contrato previo a la adjudicación del suelo.