Los abogados piden en sus alegaciones al Ejecutivo que sustituya la expulsión de los inmigrantes por una multa

El equipo de abogados que ha asistido a los inmigrantes detenidos en el desalojo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) había tramitado, hasta ayer, cerca de 160 alegaciones ante la Subdelegación del Gobierno de Sevilla contra el inicio del procedimiento de expulsión a los extranjeros. Entre los argumentos utilizados hay uno que se repite en todos los casos: la sustitución de la expulsión por una multa.

Max Adam, coordinador del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes del Colegio de Abogados de Sevilla, subrayó que la expulsión es 'una medida muy drástica' para aplicar a personas sin delitos. 'La única falta de esta gente es que no tiene papeles', agregó. Además de esta petición, los abogados se hacen eco de la situación personal de cada uno, como puede ser el arraigo en España, para tratar de evitar que la Administración dicte ya la resolución firme con la orden de expulsión. Una vez firmada esta resolución, el inmigrante puede ser expulsado, aunque interponga un recurso contencioso administrativo.

Los jueces de Dos Hermanas dictaron medidas cautelares de internamiento para 210 inmigrantes, y entre ellos figuraban, al menos, seis que tienen sus expedientes de regularización bastante avanzados, según el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. En estos seis casos, las alegaciones alertarán sobre su situación singular ya que, en principio, pertenecen a la treintena de inmigrantes que, a pesar de ser detenidos, tienen grandes posibilidades de ser regularizados, según el Ministerio del Interior.

Otros 65 inmigrantes no pasaron a disposición judicial, por dos razones diferentes. Hay un grupo de 14 argelinos que fueron enviados directamente al centro de internamiento de Madrid para ser expulsados porque ya tenían órdenes de repatriación vigentes desde antes del encierro. El resto (51) quedó en libertad, aunque no todos en similar situación. En este grupo se engloban los que tienen opciones de regularizarse (cerca de 30, a excepción de los internados), los que han recibido durante su detención la notificación de que el Gobierno les ha denegado los papeles y tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el país (no es una expulsión) y algunos otros que no lograron ser identificados por la policía.

Por otra parte, fuentes policiales dijeron ayer que tenían constancia de que unos pocos inmigrantes salían del campus durante el encierro para comprar hachís y pastillas, pero que no tenían registrado ningún incidente entre ellos y una prostituta. La policía detuvo en esos días al autor de una agresión a una prostituta, que no era inmigrante.