El Gobierno niega en el Congreso el maltrato a menores extranjeros
El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, desmintió ayer de una tacada al Defensor del Pueblo, a la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU y a la fiscalía. Esas instituciones denunciaron que en los procedimientos de reagrupación familiar de menores marroquíes indocumentados en Ceuta y Melilla las autoridades españolas no localizaban a sus familias ni contactaban con los servicios sociales marroquíes, como establece la legislación de extranjería, entregándolos sistemáticamente a la policía de fronteras marroquí. Fernández-Miranda compareció ayer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para negar los hechos denunciados.
Según los informes de esas instituciones, la delegación del Gobierno de Melilla solo informa al fiscal de las resoluciones de reagrupación el mismo día en que los menores son entregados en la frontera, sin permitirle así ningún tipo de recurso.
Fernández-Miranda se opuso diametralmente a esos documentos. Para él, 'las autoridades regionales y el Gobierno hacen las reagrupaciones sin incumplir ninguna norma' y 'los niños son entregados a las familias, la asistencia social o a las autoridades de Marruecos'.
A pesar de que el Defensor del Pueblo alertaba en sus recomendaciones de que la policía marroquí 'no se ocupa del menor ni efectúa contacto alguno con su familia', Fernández-Miranda consideró a ésta competente para encargarse de los niños una vez que las autoridades españolas los devuelven a su país, ya que así lo establecen las propias autoridades de Marruecos.
El delegado desmintió también a la fiscalía de Málaga, de la que depende Melilla, que en un informe interno confirmaba 'la tardía comunicación de las repatriaciones' al ministerio fiscal, quedando así impedido de presentar cualquier tipo de alegación. 'Todas las actuaciones se realizan con el completo conocimiento de los fiscales', aseguró.
El delegado añadió que en los procedimientos de reagrupación familiar no sólo se tiene en cuenta el interés superior del menor, sino también 'la responsabilidad de su familia y la integridad de ésta'.
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