Los trabajadores desconvocan el paro de autobuses de Madrid tras el laudo

El laudo arbitral de obligado cumplimiento dictado ayer por Jaime Montalvo, presidente del Comité Económico y Social y árbitro designado por el Ejecutivo madrileño para solucionar el conflicto del transporte de viajeros por carretera, logró ayer, después de 13 días de huelga, la desconvocatoria de los paros por parte de la mayoría de los trabajadores reunidos anoche en asamblea.

El laudo, que tendrá una vigencia de cuatro años, establece una nueva regulación de las materias sobre las que las partes no lograron llegar a un acuerdo (incremento salarial o reducción de jornada), pero deja vigentes los demás preceptos del anterior convenio. Afectará a más de 8.000 trabajadores del transporte discrecional y del regular.

El laudo, que Montalvo presentó ayer a los sindicatos y a la patronal, establece un aumento salarial de 48,08 euros mensuales, menos que los 75 que pedían los sindicatos pero más que el incremento del IPC más un punto el primer año y del IPC más 0,7 puntos los posteriores que ofrecía la patronal.

Esa subida de 48 euros se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de este año. A partir de 2003, el salario aumentará cada año por valor del IPC más 0,7 puntos, tres décimas menos de lo que pedían los sindicatos. En cuanto a la reducción de jornada a 35 horas semanales que planteaban los sindicatos, el laudo establece una reducción de jornada de un día al año para 2002, de otro día a partir del 1 de enero de 2003, y de otro más el 1 de enero de 2005. También se prevé la creación de una mesa técnica para el estudio de la distribución de las horas efectivamente trabajadas y de las de presencia obligatoria en el puesto de trabajo.

Por otra parte, tres meses después de la entrada en vigor del laudo, se creará una comisión para el establecimiento de los servicios mínimos en caso de huelga, en el que estarán representados los sindicatos y la patronal, además de una persona de prestigio consensuada.

Además del laudo, Montalvo hizo públicas unas recomendaciones relativas a materias para cuya regulación no era competente, pero que eran 'muy importantes para la resolución del conflicto', en palabras de Montalvo. Éstas incluyen la retirada de expedientes a trabajadores que incumplieron los servicios mínimos y la creación de un marco de regulación estatal del sector del transporte por carretera.