Los acusados por el vertido de lodos tóxicos al Segura recusan a la juez

El juicio contra la empresa Pozos Reunidos y contra un técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura por los vertidos de fangos contaminantes del río a zonas verdes de Orihuela y Rojales (La Vega Baja) se ha aplazado indefinidamente. La causa de esta inesperada interrupción es que la defensa ha interpuesto un recurso de recusación contra la juez, tan sólo un día antes de que se celebrara la primera sesión de la vista oral.

Según explicó ayer el abogado de la acusación, Vicente Martínez, 'la defensa ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano alegando que la juez sustituta de la instancia que practicó la instrucción de las diligencias es la misma que va a juzgar el caso'. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Orihuela, que instruyó este caso, se ha reconvertido ahora en Juzgado de lo Penal.

No obstante, el letrado confía en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano desestime el recurso, 'puesto que dicha intervención [la de la juez sustituta] no se produjo'. Desde su punto de vista, se trata de 'una estrategia dilatoria para retrasar la celebración del juicio, ya que pueden transcurrir, al menos, seis meses para que se retome nuevamente el proceso'.

Idéntica tesis sostienen los colectivos que se han personado en el juicio como acusación popular, que entienden que la prórroga contribuirá a obstaculizar el desarrollo del procedimiento. 'Desde AHSA, Ecologistas en Acción y Pro-Río, tenemos la impresión de que esta actuación es un intento de intoxicar a la opinión pública generando una falsa sensación de caos', precisó José Antonio Muñoz Grau, portavoz de la Comisión Pro-Río. 'Todos', añadió Muñoz Grau, ' coincidimos en que la Administración está tratando de enturbiar la imagen de la magistrada para aniquilar el juicio de un plumazo. Es un burdo método para salir airosos de este caso después de que se aportaran pruebas irrefutables de la culpabilidad de los imputados durante el período de instrucción', explicó.

El vertido de los lodos contaminantes se produjo en el verano de 1998, cuando algunos agricultores comprobaron que la empresa encargada de limpiar los fangos del cauce del río Segura a su paso por los términos de Orihuela y Rojales estaba depositando estos residuos en zonas verdes, concretamente en el espacio conocido como Los Sotos. La compañía Agropaco presentó entonces una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que apreció indicios de delito y remitió el caso a los juzgados de Orihuela.

Paralelamente, la demanda encontró el respaldo de otras organizaciones, como AHSA, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos de Formentera y Pro- Río, que se personaron en el proceso como acusación particular. Ésta pide cuatro años de cárcel e indemnizaciones para los dos acusados.

Ayer acudieron a declarar como testigos representantes de estos colectivos, junto a responsables políticos, como el alcalde de Rojales, pero ante la recusación de la juez no pudieron prestar declaración.