El PP acelera la urbanización del oeste de Castellón

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón adjudicó ayer las obras de urbanización de 160.000 metros cuadrados de la zona oeste a Calviga, una empresa del grupo Batalla, por más de 3.000 millones de pesetas. En la misma comisión, y con los votos en contra de la oposición, se desestimaron las alegaciones de la asociación de comerciantes de Castellón, quienes presentaron una oferta alternativa a la de Batalla, que fue desestimada por el equipo de gobierno municipal (PP), al considerar que el colectivo carecía de capacidad jurídica.
La zona a urbanizar incluye la construcción de un bulevar de cuatro carriles, de más de tres kilómetros de longitud y treinta metros de anchura, que recorrerá Castellón de norte a sur en pleno casco urbano. En esta avenida se ubicará, según se ha anunciado en reiteradas ocasiones, El Corte Inglés, en un solar, ya calificado como terciario, de 6.000 metros cuadrados que el urbanizador habrá de venderle. El concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, destacó ayer, en reiteradas ocasiones, la agilidad que el Ayuntamiento pretende otorgar a la urbanización de esta zona. Así lo ha hecho hasta ahora y seguirá haciéndolo, tal como indicó el edil popular, que justificó estas 'prisas' en el hecho de que este suelo surgió a raíz del soterramiento de la vía del tren, cuyo proyecto concluyó hace más de dos años. Fabra aseguró que para las obras del colector que ha de construirse bajo este área, el ayuntamiento llegará a un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas para encontrar la fórmula por la que se ejecute de la manera más rápida, incluso, en el caso por el que el ayuntamiento haya de adelantar el dinero de una obra que tiene un coste de entre 400 y 450 millones de pesetas.
Según informaron técnicos municipales, las 'prisas' del equipo de gobierno se deben a la insinuación de que los grandes almacenes interesados en instalarse puedan optar por trasladar su proyecto a la vecina Vila-Real. Esto supondría el fracaso del anuncio no sólo del equipo de gobierno municipal, sino también de la Consejería de Industria. Batalla dejaría, en ese caso, de ingresar cerca de 2.000 millones de pesetas en los que se calcula el coste del solar reservado para ese fin.
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