El Consell autoriza el modo de pago aplazado para contratar tres obras por 21.000 millones

José Ramón García Antón, titular de la Consejería de Obras Públicas, negó que el método de financiación de infraestructuras conocido como modelo alemán haya sido desaconsejado desde el Gobierno central. De hecho, recordó que el pasado viernes el propio Ministerio de Fomento aprobó la construcción y el pago llave en mano de un tramo de la Autovía Central, de 12,5 kilómetros de recorrido entre L'Olleria y Bèlgida con un coste de 5.041 millones de pesetas.

Los 21.443 millones de pesetas autorizados por el Consell se destinarán a construir la segunda calzada del tramo entre Betxí y Borriol en la autovía de La Plana; la construcción de la autovía entre Sax y Castalla; y la conexión de un distribuidor sur entre la autovía A-7 y la circunvalación de Valencia.

García Antón explicó que las tres grandes infraestructuras no se pagarán íntegramente una vez finalizadas: la deuda se amortizará en cinco años. Las obras no concluirán antes de 2003 o 2004. Pero el Consell seguirá pagando por ellas hasta finales de esta década.

La autorización a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, un organismo público, para que contrate las obras de ampliación de la depuradora de la Cuenca del Carraixet en L'Horta Nord por un total de 2.007 millones de pesetas, pone de manifiesto la escasa capacidad de maniobra financiera de Obras Públicas para afrontar nuevas infraestructura. Las obras se ceden a la entidad pública para que recurra al crédito externo con el aval de la Generalitat puesto que el presupuesto de inversión de la consejería ya está comprometido en su totalidad.

Pero los problemas financieros de la Generalitat se arrastran desde hace años, como pone de manifiesto la transferencia de 1.500 millones a la Universidad de Valencia que autorizó ayer el Consell para cancelar la póliza de crédito que tuvo que asumir la institución académica en 1998 para afrontar los gastos corrientes que no pudo dotar Educación hace tres años.

La obsesión de Vicente Rambla por el control del gasto público se tradujo, finalmente, en la autorización de la entrada de un representante de Hacienda en los consejos de administración de Ciegsa, Tissat, SA, y el consejo rector del Instituto Cartográfico de la Generalitat.