La Generalitat negocia el traspaso de la Inspección de Trabajo y Protección Civil

El Gobierno central se comprometió ayer a iniciar las negociaciones para transferir a la Generalitat de Cataluña un paquete de siete competencias que incluye la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Protección Civil y el Servicio de Defensa de la Competencia. De momento, el Gobierno de Jordi Pujol deberá conformarse con estas transferencias pese a sus insistentes reclamaciones de incrementar el autogobierno de Cataluña a través del artículo 150.2 de la Constitución, que prevé el traspaso a las autonomías de competencias reservadas al Ejecutivo central. 'Las transferencias a través del 150.2 quedan aparcadas en espera de solucionar los asuntos de menor complejidad técnica', afirmó ayer la consejera de Gobernación, Núria de Gispert, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro para las Administraciones Públicas, Jesús Posadas. Ambos firmaron ayer el traspaso al Ejecutivo de CiU de las competencias en materia de profesores de religión, el fondo cinematográfico de Laia Films (sección de cine del comisionado de propaganda de la Generalitat republicana) y el castillo de Cardona.

Sobre la transferencia de la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur, Posadas se mostró favorable a que la Generalitat asuma su gestión, aunque añadió que existen algunas complejidades técnicas porque la línea es propiedad de Renfe. El ministro señaló además que el Gobierno quiere aprobar una regulación marco por si otras comunidades autónomas pretenden asumir alguna línea férrea de su territorio.

El paquete de competencias que ambos gobiernos negociarán a partir de ahora afecta al Servicio de Defensa de la Competencia, Protección Civil, el nombramiento de los procuradores, las funciones de asignación del ISBN (registro internacional de libros editados), el palacio de Lloctinent de Barcelona, el Archivo Provincial de Barcelona y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Carta Municipal

Núria de Gispert y Posadas dejaron a un lado ayer el conflicto por el bloqueo que sufre la Carta Municipal de Barcelona debido a la voluntad del Gobierno central de elaborar una ley de grandes ciudades, pese a que el pasado lunes la propia consejera de Gobernación y el Ayuntamiento reclamaron al ministro una reunión urgente para desencallar el tema.

Un evasivo Posadas se limitó a recordar las intenciones del Ejecutivo del PP y su deseo de que la nueva ley sea aprobada con el consenso de la Federación de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas. No obstante, y para no provocar suspicacias a la consejera, el ministro para las Administraciones Públicas insinuó que la nueva norma no será loapizante, ya que se tendrán en cuenta las peculiaridades de cada municipio y se apuesta por una cesión asimétrica de competencias.