El juicio por el escape de Rontealde sigue sin fecha siete años después del accidente

El primer caso en España de acusación por un delito ecológico con resultado de muerte se enfrenta a los males de la burocracia. Aquel suceso ocurrió el 21 de octubre de 1994, cuando, según las conclusiones del fiscal, se produjeron emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superior a los límites legales y se cometieron por parte de Rontealde de múltiples irregularidades: la operación de puesta en marcha de la producción se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Además se estimó una relación directa entre las emanaciones tóxicas y la muerte del vecino de Barakaldo Jesús Artiagagoitia, de 70 años.

Estos hechos motivaron el procesamiento de tres directivos de Rontealde: el director de la planta, José Elizalde; el jefe de Producción, Koldo Iturrarte, y el jefe de Mantenimiento, Mariano Ruiz. La fiscalía entiende que hubo un delito contra el medio ambiente, junto a otro de homicidio imprudente y varios de lesiones a la veintena de personas que sufrió problemas respiratorios. Por ello, pide para cada uno de los procesados tres años de cárcel, siete de inhabilitación y 16 arrestos de fin de semana, además del pago de una indemnización conjunta de ocho millones.

Desde la petición del fiscal, a finales de 1999, las partes implicadas en el sumario han formulado sus escritos para el juicio. Las acusaciones, integradas fundamentalmente por el Ayuntamiento de Barakaldo, expusieron el pasado año ante la Audiencia sus documentos, en los que se pide un aumento de las penas hasta 12 de prisión para los tres acusados (cuatro para cada uno).

La defensa del vecino fallecido no ha formulado acusación tras haber llegado a un acuerdo extrajudicial de indemnización con Rontealde. La cifra, que no se ha hecho pública, ronda entre los 10 y 15 millones de pesetas. Un portavoz de la empresa química de Barakaldo no confirmó si la familia ha recibido ya la cantidad económica, que según Rontealde no supone 'aceptación de la responsabilidad' del accidente.

Mientras, fuentes judiciales consultadas estiman que, en el mejor de los casos, la vista oral no tendrá lugar antes de finales de año.