Navarra exigirá la propiedad de Bardenas a cambio del nuevo contrato

Navarra exigirá al Ministerio de Defensa la transmisión de la propiedad de los terrenos en los que se asienta el polígono de tiro de las Bardenas Reales (2.242 hectáreas de extensión) como contraprestación irrenunciable para la negociación de un nuevo contrato de uso del campo de tiro, el único de que dispone la OTAN en Europa. La comisión de coordinación, en la que está presente el Gobierno de UPN, la Junta de Bardenas y representantes del PSN y CDN, mantuvo ayer su primera reunión de trabajo en el Palacio de Navarra. Este órgano intenta consensuar una postura común antes de instar al Gobierno de Aznar a convocar una comisión mixta Navarra-Estado que concrete los términos del nuevo convenio. El vigente finaliza el próximo 9 de junio.

El vicepresidente Rafael Gurrea dio a conocer al término del encuentro que el Gobierno regionalista ha asumido la exigencia planteada por la oposición para reclamar la devolución de la propiedad de los terrenos a Navarra a cambio de un nuevo contrato. Los tres partidos admiten que el Estado tiene instrumentos jurídicos más que suficientes para seguir utilizando con fines militares el polígono de Bardenas Reales, sobre todo tras la aprobación por el Consejo de Ministros de su declaración de interés para la defensa nacional.Por ello consideran 'inevitable' negociar un nuevo contrato de 'uso y desmantelamiento' como 'mal menor' pero, eso sí, con un plazo temporal máximo que debe ser 'improrrogable', afirmó Gurrea. La comisión ha pedido a Asuntos Exteriores copia de los tratados que acaba de firmar con Estados Unidos en los que se regula la continuidad en el uso de bases e instalaciones militares en España por parte de las fuerzas estadounidenses. El objetivo es averiguar si explícita o implícitamente afecta al uso de Bardenas Reales. 'Si se incluye esa opción, lo cual desconocemos, la situación jurídica empeoraría notablemente', añadió Gurrea.

Los partidos están de acuerdo en que debe ser la Junta de Bardenas, entidad municipal gestora de los usos de ese territorio, la que firme el futuro convenio percibiendo a cambio una mejora sustancial del canon económico.