Críticas a Fabra por querer reducir la protección de la Serra d'Irta

"Lectura perversa"

La reunión del pasado lunes entre el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, los alcaldes de Peñíscola, Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para discutir el plan de ordenación del futuro parque de Serra d'Irta ha dejado preocupados a los ecologistas. El Grupo para la Conservación y Estudio de los Espacios Naturales (GECEN) calificó ayer de "lamentable" que "la Diputación de Castellón, los ayuntamientos y los empresarios se opongan a la protección de la Serra d'Irta" y pidió a la Consejería de Medio Ambiente "que no ceda a las presiones interesadas".A pesar de que en un principio no hubo quejas desde los tres municipios afectados, Fabra ha encabezado las presiones a la consejería para que se rebaje la protección del futuro parque. Y tras la reunión secreta del lunes, Modrego calificó de asumibles las alegaciones de los ayuntamientos, a pesar de que éstas todavía no han sido formuladas por escrito y de que ni siquiera ha terminado el periodo de exposición pública, en el que los grupos ecologistas intentarán argumentar la protección de la Serra d'Irta.

En el comunicado de prensa del GECEN, el grupo conservacionista consideró que los que se muestran contrarios a la protección de ese espacio natural "tratan de confundir a los ciudadanos con el único objetivo de defender los intereses de un puñado de grandes empresarios turísticos y de la construcción".

Desde el grupo conservacionista se calificó la situación de "muy grave" porque "la Diputación y los ayuntamientos deben defender los intereses generales de toda la población". Para la asociación, los responsables políticos de las administraciones citadas y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) hacen "una lectura perversa e interesada de lo que ellos llaman compatibilizar conservación y desarrollo".El lunes, la Coordinadora dels Pobles de Castellón, relacionó las presiones de Fabra con los intereses urbanísticos en Alcalà del empresario Jesús Ger, propietario de la urbanización Marina d'Or de Oropesa. En esa línea, GECEN cree que "se trata de una falacia pretender hacer pasar por necesidades de desarrollo de la provincia de Castellón las expectativas de negocio de un puñado de grandes empresarios turísticos y de la construcción".