El fiscal de Madrid y Márquez de Prado piden la Fiscalía Antidroga

El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha solicitado la Fiscalía Especial Antidroga junto a otra media docena de candidatos, entre los que se encuentra la fiscal María Dolores Márquez de Prado, antigua integrante del grupo de fiscales indomables de la Audiencia Nacional.La fiscalía Antidroga está vacante desde el nombramiento de su último titular, Juan Ortiz Úrculo, para la fiscalía del Tribunal Constitucional. Entre los solicitantes se encuentran los fiscales del Tribunal Supremo José Ramón y Fernando López-Fando, Fernando Sequeros y Antonio Salinas y los fiscales jefes de San Sebastián, Luis Navajas, y de Segovia, Antonio Silva.

La elección se verificará en el Consejo Fiscal del día 27. Según fuentes fiscales, los candidatos mejor situados son Fernández Bermejo, Luis Navajas, y José Ramón López Fando.

Aunque la Fiscalía Antidroga no es la más apetecida de las fiscalías especiales, la jefatura lleva aparejada el ascenso a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, lo que implica que el elegido promociona al generalato de la carrera fiscal, con un importante incremento retributivo, de alrededor de unas 300.000 pesetas mensuales.

El Consejo Fiscal también votará una plaza para fiscal del Supremo, cargo que ha solicitado, entre otros, el teniente fiscal de Madrid, Joaquín Sánchez Covisa.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, trasladará al Consejo Fiscal el acuerdo de la última Junta de Fiscales sobre las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El acuerdo consiste en que el fiscal general del Estado no está obligado a informar a la Junta de Fiscales ni al Consejo Fiscal de las investigaciones que lleve la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción está obligado a informar al fiscal general, Jesús Cardenal, de todos los asuntos de su fiscalía, pero, según el acuerdo de la Junta, Cardenal no tiene que dar a conocer las diligencias informativas de Anticorrupción ni a la propia Junta de Fiscales ni al Consejo Fiscal.

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