Aborto adolescente

Uno de los objetivos centrales de toda política de planificación familiar afinada es conseguir que los sectores más jóvenes de la población tengan a su alcance todos los elementos necesarios para que sus decisiones en ese terreno sean libres y plenamente conscientes. Es imprescindible para ello un acceso fácil a los métodos anticonceptivos y la implantación de un sistema de información que, lejos de limitarse al inventario de soluciones, sea capaz de interesar y educar a los jóvenes. Este objetivo, pese a que aún haya quien cuestione la libertad de decidir de las mujeres, constituye, más allá de sus beneficios sanitarios, un termómetro del desarrollo real de una sociedad. En España, sin embargo, el mercurio aún parece congelado en épocas pasadas, como demuestra que aborte el 39% de las embarazadas de entre 15 y 19 años, frente al 12% general. Porcentaje que supera el 50% en lugares como Cataluña, Madrid, Aragón y Asturias, según un revelador estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas elaborado a partir de las últimas estadísticas oficiales disponibles. El informe destaca la tendencia al alza de las interrupciones, toda vez que hace diez años abortaba el 20% de las adolescentes.

La crudeza de las cifras parece aconsejar una revisión de la política de planificación familiar por parte de los responsables del Ministerio de Sanidad. Pocos pueden dudar a estas alturas de que los jóvenes tienen información suficiente a su disposición, pero salta a la vista que algo falla en su recepción.

La falta de medios, una educación sexual poco depurada en las escuelas y el temor que aún genera en ciertos ámbitos de decisión política el hecho de que los menores tengan un acceso pleno a la planificación, posiblemente se agazapen detrás de este fracaso. Los mensajes han de cambiar urgentemente, y, desde el reconocimiento de que sólo una pequeña parte de los embarazos entre adolescentes son realmente deseados, se han de despejar las brumas que rodean este terreno en España. No hacerlo así equivale a certificar la inoperancia en un aspecto crucial del sistema sociosanitario.